Imagen de un grupo de alumnos y profesor de un Instituto de Valencia

Carmini Villaroel, de 18 años, todavía no está seguro de si ha elegido la carrera de su vida. En su decisión de matricularse en el grado en Estadística y Sociología, nada tuvo que ver la orientadora de su instituto. “Me gustan mucho los números, pero no sé si esto es lo mío”, cuenta. Su contacto con ella fue limitado y nunca hablaron de vocaciones o salidas profesionales. Hay otras voces más críticas con la figura del orientador: “Nunca me aclara ninguna duda, me soluciona más Internet”, asegura Quique Martínez, que cursa 3º de la ESO en Valencia. Los alumnos españoles no están satisfechos con el asesoramiento académico que reciben en los institutos y, según una encuesta a más de 500 estudiantes de 18 a 25 años, el 94% de ellos echaron en falta más apoyo de los orientadores y de los profesores sobre las opciones profesionales.

Así se desprende del estudio Preparing the new generation for the future of work, publicado por la Cumbre mundial de la innovación educativa (WISE, por sus siglas en inglés) -una iniciativa de la Qatar Foundation-, para el que se ha encuestado a 2.517 jóvenes de 18 a 25 años de Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania y España. Al 88% de los entrevistados les parece que el servicio de orientación no está a la altura y desearían haber contado con asesoramiento escolar en el momento en el que empezaron a escoger sus itinerarios educativos. Los españoles son los que se muestran más disconformes, el país con la tasa de desempleo juvenil más elevada; un 34,1% frente al 6,1% de Alemania. La falta de formación de orientadores y docentes sobre las profesiones del futuro es otra carencia detectada por los estudiantes, según el informe.

“No damos abasto, han reducido el personal de los departamentos de orientación. Queremos ser agentes del cambio y trabajar con un modelo basado en la prevención y no ser un apaga fuegos constante”, lamenta Ana Cobos, presidenta de la Confederación de Psicopedagogos y Orientadores (COPOE). En 1970, la Ley General de Educación reconoció el derecho de los estudiantes a la orientación en los centros educativos y, desde entonces, se ha recogido en todas las leyes orgánicas posteriores. Son las autonomías las que regulan sus funciones y organización. El problema, según denuncia el colectivo, es que tienen asignadas más tareas de las que pueden asumir: evaluación psicopedagógica, dictámenes de escolarización o planes individualizados para alumnos con dificultades de aprendizaje. A eso se suma el asesoramiento académico y profesional, que es solo una de las patas. Además, en ocasiones compaginan esa actividad con la docencia en materias de su especialidad, como psicología.

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