un mural pintado en un muro de un colegio

Desde los inicios de la recuperación democrática los ayuntamientos viven una paradoja: sus atribuciones legales son escasas -y han sido recortadas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013- pero, en la práctica, muchos municipios superan en creces este marco legal y desarrollan un montón de iniciativas. Hay al menos dos razones que lo explican: su compromiso y responsabilidad democrática y la proximidad del poder local a la ciudadanía, que incide en un espacio del territorio donde las mejoras y los cambios son más perceptibles.

Ahora bien, para que las políticas educativas municipales sean suficientemente sólidas y sostenibles en el tiempo hay una estrecha colaboración con las diversas administraciones -Gobierno autonómico, Diputación y otros organismos supramunicipals-; una estrecha coordinación del área de educación con concejalías como cultura, bienestar social y participación ciudadanía; y una relación empática con los centros escolares, los diversos agentes educativos y el tejido social y asociativo del territorio. El proyecto “Educación 360 a tiempo completo” es hoy el reto más bien estructurado y estimulante, siempre que se garanticen los criterios de equidad, calidad y participación democrática en toda la oferta de servicios y actividades. Siguiendo con esta filosofía de que se aprende siempre y en todas partes, queremos destacar seis ámbitos prioritarios intervención.

1. Infancia. Igualar las oportunidades educativas dentro y fuera escuela desde la primera infancia, con la oferta suficiente de guarderías municipalizadas, espacios familiares y otras modalidades de atención permanente y puntual para garantizar el triángulo de la conciliación: laboral, familiar y de ocio y cultura. Y también haciendo posible el acceso universal a las actividades extraescolares, centros recreativos y otras ofertas educativas y culturales, aplicando la gratuidad o el sistema de tarificación social según los casos. Al mismo tiempo, hay que defender el carácter público y educativo de los servicios complementarios como el comedor, evitando la deriva de la externalización con criterios puramente alimenticios y mercantilistas. En todo caso, sería bueno promover la intervención de empresas de economía solidaria y de proximidad, siempre bajo el control municipal y de la comunidad educativa. Por otra parte, es interesante extender y consolidar las experiencias de la ciudad de los niños, un espacio de aprendizaje democrático y de participación ciudadana a través de los consejos infantiles (ver F. Tonucci, La ciudad de los niños).

2. Adolescencia y juventud. Su acompañamiento escolar, familiar y social debe ser lo suficientemente intenso, cercano y eficiente a fin de evitar el abandono escolar y revertir el fracaso escolar. El municipio puede contribuir con soportes específicos. La orientación educativa debe permitir que todos puedan disponer de un itinerario educativo y un proyecto de vida. Las propuestas de aprendizaje-servicio y de servicio copmunitario pueden convertirse en pilares básicos para trabajar la educación democrática en valores y la participación social cooperativa y solidaria. Asimismo, es necesario que en el interior de los centros educativos o en el territorio disfruten de suficiente libertad e iniciativa para construir y autogestionar proyectos de carácter social, artístico y cultural. (Ver R. Batlle, El aprendizaje-Servicio en España).

3. Persones adultas. La educación a lo largo de la vida dispone de un amplio repertorio de recursos de extensión cultural y formación permanente a cargo de todo tipo de instituciones y colectivos. Queremos destacar uno: el banco común de conocimientos (BCC) y el intercambio de saberes y habilidades, que se basa en el principio de reciprocidad: quien aprende tiene que enseñar y quien enseña tiene que aprender. El BBC, que tiene su origen en las propuestas de Iván Illich, se propone desarrollar, crear y proteger espacios de intercambio y transmisión libre de conocimientos -en talleres, encuentros y mercados- para proteger el saber como un bien común que permite generar nuevas formas de comunicación, formación y participación. (Ver J.Carbonell, ‘Las pedagogías no institucionales’, en Pedagogías del siglo XXI).

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