Jóvenes en un aula universitaria

Si no hay un cambio radical de las circunstancias, la Selectividad se va a hacer. Tras varios debates entre los responsables educativos nacionales y regionales y pese a las peticiones desde ciertos sectores de que la prueba se suspenda este curso, Ministerio de Educación y comunidades autónomas han pactado realizar la prueba de acceso a la Universidad entre el 22 de junio y el 10 de julio (la mayoría de las regiones están eligiendo el 6, 7 y 8 de julio como fechas, aquí los detalles por comunidad).

El debate estos días ha girado en torno a la conveniencia y justicia para los alumnos de realizar la prueba y a quién perjudica (o favorece) más. Si no se hiciera, los estudiantes se quedarían con la nota media de Bachillerato como nota de acceso a la Universidad. La literatura científica sostiene que las notas de Bachillerato benefician a los buenos alumnos en peores colegios y perjudican a los malos alumnos en mejores centros, según artículos como este, realizado con datos de centros públicos catalanes. Si se realiza la Selectividad como parece, habrá una media ponderada, en la que la Evau, nombre oficial de esta prueba, valdrá un 40% de la nota final.

¿Penalizaría hacer la prueba a los alumnos desfavorecidos socioeconómicamente –o por cualquier otra circunstancia– que están teniendo más problemas para estudiar por falta de medios como Internet? ¿Beneficiaría no hacerla a los de algunas escuelas privadas, más laxas a la hora de calificar?

Defiende la administración, y también los rectores universitarios, que lo mejor y más justo para todos es realizar el examen. Un examen quizá reducido en cuanto a su temario, seguro que más abierto en lo relativo a las opciones de respuestas para los alumnos, pero similar al de otros años. El mayor argumento, cuestiones de ordenamiento académico aparte, es que funcione como la gran prueba que todos deben hacer y que sirva como elemento nivelador de las diferentes realidades educativas del país.

Enfrente, el Sindicato de Estudiantes y algunos analistas educativos creen que la suspensión de las clases presenciales golpea académicamente a los alumnos más vulnerables, aquellos con dificultades para el aprendizaje o con problemas para estudiar a distancia porque no tengan Internet u ordenador y que por tanto la prueba debería suspenderse excepcionalmente este curso. Que cerca de un tercio del contenido no se haya explicado en clase ahonda en esta línea de argumentación.

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