gráfica sobre porcentaje de enseñanza pública en la UEEn este país, los debates sobre la educación y, especialmente, sobre el modelo idóneo de este servicio público, están desenfocados y confundidos para una parte de la sociedad que ha sido manipulada -y en parte corrompida-, por la propaganda de ciertos grupos con intereses en la educación como negocio. Bajo la bandera de la libertad de enseñanza se esconde un gran engaño, basado en el clasismo y la insolidaridad. Poner los hijos e hijas a salvo de la inclusión y la diversidad de la escuela pública, se ha convertido en un producto de moda para algunos sectores de las clases media y alta. Tras los miedos que se propagan en cada crisis, buscan en la enseñanza privada concertada unas relaciones sociales y una formación “extra” (más supuesta que real) que sitúe a sus hijos en una situación de ventaja en un mercado laboral cada vez más salvaje, competitivo y precario.

En Europa, en la Unión Europea que ponemos de ejemplo en tantas ocasiones, este debate y estas disyuntivas no existen. Para la gran mayoría de países y para todos sus partidos políticos -incluidos los más conservadores-, una enseñanza pública gratuita y de calidad es la mejor garantía de dos principios básicos de cualquier sociedad democrática: la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Lo que pasa en España, Bélgica o Malta, donde se dedican recursos públicos al mantenimiento de centros privados (con sus correspondientes privilegios en criterios de admisión e ideario), es una anomalía o excepción estadística. El 90% de la oferta educativa europea es pública y, como es lógico y democrático, las familias que quieren optar por una enseñanza privada, más exclusiva, la pagan de su bolsillo.

Pero esto no ocurre en Europa porque sus gobiernos sean comunistas. Nada más lejos de la realidad. En la tradición democrática e ilustrada de Europa se tiene claro, desde hace muchos años, que la inclusión educativa, la cooperación como método de aprendizaje y la diversidad como valor a través de la convivencia de todas las condiciones sociales y económicas, fomenta la implicación de “todos y todas” en la educación y, en consecuencia, el compromiso con la mejora del centro educativo, así como de la sociedad. Este modelo permite incorporar todo el talento potencial de una sociedad con independencia de su nivel económico y, en nuestro caso, ser consecuentes con la igualdad de oportunidades, consagrada en la Constitución.

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