Viñeta de Pedripol en la que dos personas se dicen lo siento desde ambos lados de una valla

Cada vez que se escucha en las noticias hablar de política migratoria las imágenes que aparecen son aquellas que hacen referencia a las llegadas vía marítima. Pero esto no le sucede sólo al ciudadano medio. La clase política en general ha asumido de manera irremediable que todo aquello que tiene que ver con el diseño de la política pública migratoria simplemente es el control de fronteras.

Sin embargo, como muy bien conocen nuestros gestores políticos, el control fronterizo es solo una de las patas que componen el diseño de la política migratoria (o si preferimos de gestión de la movilidad humana), en donde también juegan un papel muy relevante cuestiones como la gestión de la migración económica (cualificada y no cualificada), las políticas de integración o el asilo y el refugio. Se trata, por tanto, de un conjunto de medidas con la misma o mayor importancia que aquella en la que están centrados los líderes políticos. La apertura de vías legales a los mercados de trabajo europeos no parece algo descabellada cuando escuchamos de manera permanente los peligros que el declive demográfico puede acarrear a nuestros sistemas del bienestar. O qué decir de la necesidad de abordar las políticas de integración y cohesión social desde una perspectiva de la diversidad incorporando en los marcos decisores a las autoridades locales y regionales. Pero evidentemente este tipo de políticas tendrán resultados en el medio o largo plazo y no son fácilmente “vendibles” a un electorado acostumbrado a la inmediatez del tweet y a la complejidad de sus 140 caracteres.

Si esto sucede en el ámbito de los Estados, la cosa no mejora en el marco europeo. Durante la última reunión de ministros de Justicia e Interior (Consejo JAI), el 7 de junio, se trataron varios temas bajo el título general de “El futuro de la política de migración y asilo de la UE”. Y, sin embargo, sólo se habló de una cosa, la seguridad. La aprobación del marco financiero multianual se centró en dotar las políticas migratorias, fronterizas y de seguridad, o lo que es lo mismo, para reforzar el control fronterizo y la externalización de la gestión de los flujos. Por su parte, también se acordó endurecer las medidas de la Directiva de Retorno aprobada en 2008, con la intención de incrementar el número de expulsiones de migrantes en situación irregular. Es interesante recordar en este punto que fue precisamente el ministro Borrell uno de los tres eurodiputados del PSOE que se opusieron a su aprobación en el Parlamento Europeo contra la dirección política del grupo; su posición entonces provocó su salida de la Cámara.

Parece evidente que el principal objetivo de los ministros de Justicia e Interior era llegar a un acuerdo según el cual se acelerarán los procedimientos de expulsión, se prevendrán los movimientos secundarios y se incrementará la tasa de deportaciones. La intencionalidad política es clara. Los gobiernos europeos se encontraron ante la imposibilidad legal de poner en marcha devoluciones rápidas de migrantes en situación irregular. Por tanto, una reforma del marco legal facilitaría tales medidas. De esta reunión ha salido la reforma anunciada por Alemania en materia de expulsiones o el refuerzo del convenio entre Frontex y Europol en materia de lucha contra las mafias del tráfico de personas, de la que España será una de las protagonistas, ya que será la principal fuente de datos para las instituciones europeas.

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