jóvenes en un aula haciendo un examen

Sindicatos, asociaciones de padres y alumnos coinciden en que es imprescindible tomar medidas para garantizar la estabilidad, algo que no se ha conseguido durante el periodo de Íñigo Méndez de Vigo al frente de la cartera. Una de las tareas prioritarias del nuevo Gobierno deberá ser lograr que la educación sea, como hasta ahora, un arma política, y evitar así cambios en las políticas educativas cada legislatura.

Esta reforma se antoja imposible sin la firma del pacto de Estado. Mientras, Sánchez anunciaba una medida más social en el ámbito educativo, como es la ampliación del sistema de becas y la rebaja de la nota mínima para obtener la beca universitaria, que presumiblemente volverá a ser el cinco, tal y como había propuesto el Gobierno del PP.

Hace ya seis años que se aprobó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la séptima reforma de la democracia, que impuso la mayoría del Partido Popular y que fue liderada por José Ignacio Wert. Significativamente, Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse aún sobre una eventual derogación de la misma.

Desde entonces, la posiciones de las fuerzas políticas en torno a la educación se han ido enconando, hasta el punto de que el necesario pacto nacional por la Educación ha terminado naufragando.

La búsqueda de ese consenso es una petición, casi un clamor, desde la comunidad educativa. Según recogía Europa Press la semana pasada, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, pedía “más diálogo” a partir de ahora. Por su parte, la responsable de enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, que señala como una prioridad la derogación del Real Decreto Ley 14/2012 de “racionalización del gasto educativo”, que hace seis años impuso medidas de austeridad por la crisis económica. Mario Gutiérrez, del sindicato CSIF, considera necesario sustituir la actual LOMCE pero dentro de un pacto de Estado y con los consensos necesarios. La palabra clave, una vez más, es la estabilidad.

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