LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN NO SE ESTANCARÁ CON LA NUEVA LOMLOE

06/05/2020

 

  • En estos días de incertidumbre no hay momento que desaprovechar para desmentir la desinformación. En esta ocasión se están difundiendo gran número de bulos que toman como premisa que la nueva ley educativa no prevé aumento de gasto en educación, manipulando el articulado de la misma y jugando con la distribución de competencias educativas entre Ministerio y Comunidades Autónomas

 

  • Desinformaciones sobre  la desaparición de los centros de Educación Especial, intentando hacer creer que se está tramitando una ley que va contra los colegios de Educación Especial, que promueve su desaparición; sobre la desaparición del régimen de Clases Pasivas, al que se acogen los funcionarios de carrera anteriores a 2011 para su jubilación; sobre la desinversión en la Formación Profesional, sobre la supuesta desinversión en la eduación concertada que promoverá su desaparación, etc. etc.

 

  • Lejos de las afirmaciones de estos bulos informativos, la LOMLOE establece la obligatoriedad de aumentar el gasto educativo hasta un 5% del PIB a través de un plan progresivo a desarrollar en 10 años

 

 

LO QUE SÍ DICE LA LOMLOE SOBRE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

La nueva ley plasma en su articulado la obligación de todas las administraciones educativas de llegar a un 5% de gasto en Educación.

Para ello prevé que todas las administraciones educativas (comunidades autónomas mayormente) dispongan de un plan de gasto educativo definido en 2 años desde la entrada en vigor con el que dichas administraciones hagan un aumento progresivo (10 años) de gasto público educativo que haga llegar esos niveles al 5%

 

LA DISTRIBUCIÓN DE GASTO EDUCATIVO

Según se establece en las memorias de esta ley, el gasto educativo corresponde en un 83% a las CCAA, en un 4% al Ministerio de Educación y, el resto, a administración local, diputaciones, seguridad social, etc.

En general, la memoria de impacto normativo no establece aumento de gasto ESTATAL debido a que las competencias y gasto son responsabilidad de las Comunidades Autónomas: las inversiones educativas, infraestructuras, oferta educativa, condiciones laborales docentes y de todo el personal educativo, condiciones de ratios, apoyos, atención a la diversidad, etc. corresponden a las Comunidades Autónomas y para ellas se obliga a aumentar progresivamente el gasto educativo hasta un 5% en 10 años.

 

 

Este mismo aspecto será de aplicación en la Formación Profesional: no se prevé aumento de gasto por parte de este ministerio que es el que elabora el documento, pero sí se obliga a las Comunidades Autónomas a aumentarlo.

 

Igualmente para la Educación Especial, especialmente manipulada por la iniciativa privada. Esta ley también define explicitamente la necesidad de aumentar el gasto en estas enseñanzas. Un sistema de Educación Especial Público con más inversión no parece ser lo que más interesa a centros privados y concertados que desarrollan también estas enseñanzas.

 

 

 

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