un joven ante libros de texto en una librería

La Federación de la Comunidad de Madrid de asociaciones de padres y madres, la FAPA Giner de los Ríos, va a iniciar una batalla judicial contra más de 30 editoriales de libros de texto tras la sanción que les impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Lo que hicieron estas empresas y su patronal (Anele), según el extenso informe oficial, fue pactar el precio de los libros digitales poniéndolos como mínimo a diez euros. También acordaron no dar descuentos, formación ni ningún tipo de obsequio a los colegios, que son quienes eligen los manuales, para ahorrarse los costes de estos incentivos.

La entidad presentará una denuncia colectiva contra estas compañías, con la intención de que se sumen a título individual familias de todo el país y puedan solicitar la devolución de parte del dinero que, consideran, han estado pagando de más desde 2012, cuando se produjo el pacto, hasta 2018, cuando supuestamente terminó.

Desde la Giner de los Ríos acusan a las editoriales de imponer «precios sin mucho más control por parte de la administración». Además, consideran que las familias han sido «las más perjudicadas» por estas actuaciones porque «han asumido este coste de forma mayoritaria». Fuentes jurídicas confirman a esta redacción que la reciente sanción emitida por la CNMC les abre la puerta para iniciar una reclamación exigiendo la reparación de daños, aunque para que prospere las familias necesitan «aportan un informe pericial muy documentado» que acredite los perjuicios.

Según la CNMC, lo que hicieron las grandes editoriales del país –lideradas por los gigantes Santillana (PRISA), Anaya (de la francesa Hachette Livre), SM (de los marianistas) y Oxford (británica, de libros en inglés)– fue poner un precio mínimo al libro digital y acordar estrategias que les ahorraron 80 millones de euros en gastos de promoción. Antes de que se produjera el pacto, los agentes comerciales de estas empresas editoriales visitaban todos los centros educativos de España y ofrecían manuales, ordenadores o pizarras digitales gratis como incentivo. A veces también montaban cursos de formación para profesores o hacían donaciones de libros a las Ampas o las bibliotecas. Estas estrategias comerciales iban encaminadas a que su libro fuera elegido por los jefes de los departamentos de colegios e institutos, donde permanecerían un mínimo de cuatro años por ley. Pero a partir de 2012 hay un acuerdo orquestado para que nadie ofrezca esos incentivos, un gasto que la propia patronal califica en documentos internos de «barbaridad» y algo «insoportable», como relata el informe de la CNMC.

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