Inmigrantes: 5 millones de “ciudadanos de segunda” sin derecho a votar en las elecciones
De los 47 millones de personas que viven en el Estado español, alrededor de 5 millones son extranjeras. Un 10% de la población, sin derecho a voto. Ningún partido mayoritario plantea un programa para que las y los inmigrantes obtengan un derecho político elemental como es el derecho al sufragio activo y pasivo.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca del 10% de la población española es inmigrante. Las comunidades con mayor proporción de población inmigrante son Catalunya, Madrid, Valencia y Andalucía, concentrando un 67% del total.
La amplia mayoría de ellos no tiene derecho a votar. Ni en las elecciones generales, ni las autonómicas, ni siquiera en las municipales. La única excepción son las personas de algunas nacionalidades (las comunitarias, y algunas europeas no comunitarias), que pueden votar en las elecciones europeas y municipales.
Un derecho elemental negado por la propia Constitución Española, que en su artículo 13.2 señala que “solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23…”. Dicho artículo 23 es justamente el que reconoce el derecho de “los ciudadanos” a “a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.
Consultando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), podemos afinar un poco más las cifras de este inmenso sector de la población al que se le niega un derecho político elemental como es el derecho al sufragio activo y pasivo. Si excluimos a la población inmigrante menor de 20 años, y a la española menor de 18, alrededor del 11 % de la población mayor de edad no tiene derecho a voto en el Estado español. Pero si excluimos también a los jubilados, que tienen una proporción (sobre el 5%) mucho menor que en la población nativa, podemos observar que aproximadamente el 13% de la población en edad de trabajar no puede votar. Y estamos hablando de los inmigrantes en situación regular, ni hablar de los miles que no tienen papeles y carecen de todo derecho. Un hecho completamente antidemocrático que debemos denunciar.
Ningún partido en la historia de la “democracia” española ha planteado seriamente darle el voto a este sector de la población. El actual gobierno del PSOE planteó en agosto una reducción del plazo de residencia legal mínimo -actualmente fijado en hasta 10 años para algunos supuestos-, para que los inmigrantes pudiesen optar a la nacionalidad española. Pero la propuesta quedó en el aire, sin concretar y sin que se hiciese efectiva realmente.
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