algunos de los rescatados por el Open Arms esperando llegar a puerto

La migración ha marcado el 2018, a pesar del descenso experimentado en las llegadas irregulares a la totalidad de la Unión Europea. Este año las autoridades comunitarias han confirmado el portazo a quienes tratan de escapar de Libia: el mismo país que causaba la indignación europea en 2017 ante las revelaciones sobre la venta de esclavos se convierte ahora en nuevo socio para frenar la migración. España se posiciona como principal país de entrada a Europa y el Gobierno baila entre la acogida del Aquarius y las devoluciones en caliente.

En el Día del Migrante, recopilamos algunas de las claves para entender un año de retrocesos políticos en la protección de las personas que migran cargado de contradicciones.

1. Italia cierra sus puertos a las ONG de rescate

El pulso arrancaba el 10 de junio. El nuevo ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, daba la orden de cerrar los puertos a las más de 600 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo por el buque humanitario Aquarius. Tras varios días sin recibir permiso, la nave de rescate se vio forzada a poner rumbo a Valencia para conseguir un puerto seguro.

Desde entonces, Salvini se ha mantenido firme en su negativa y cada operación de salvamento en el mar ha tenido un final diferente en función de la voluntad de cada país. Las constantes trabas de Italia, que ha cedido la coordinación de los operativos de salvamento a Libia con el apoyo de la UE, han tenido como desenlace la retirada de las organizaciones de la zona de rescate, que ahora no cuenta apenas con ojos que la vigilen. ¿El resultado? Una ruta menos transitada, pero más mortífera, según ha constatado Acnur. Desde junio, más de 900 personas han muerto tratando de cruzarla.

El cierre de puertos italianos ha sido el último eslabón de la campaña de “criminalización” -en palabras de la ONU- desatada hace más de un año contra quienes defienden los derechos de los migrantes. Dos integrantes de la ONG catalana Proactiva Open se enfrentan a una acusación de “favorecer la inmigración ilegal” en Sicilia. El Aquarius se ha visto obligado a poner punto y final a sus operaciones después de dos banderas de registro revocadas. La activista española Helena Maleno sigue esperando un año después la decisión del juez marroquí que la investiga por sus llamadas a Salvamento Marítimo.

Pero también ha habido espacio para los espaldarazos a la solidaridad en los tribunales: la absolución de los tres bomberos españoles procesados en Grecia por colaborar en las tareas de rescate de refugiados o la anulación de la condena del agricultor francés Cédric Herrou por ayudar a migrantes a cruzar la frontera con Italia.

Mientras, el discurso xenófobo se expande por Europa. Viktor Orban, de Hungría, volvía a ganar las elecciones en abril con su habitual retórica antiinmigración que acusa a los refugiados de ser “invasores musulmanes”, Austria ha asumido la presidencia de turno de la UE con un mensaje de lucha contra “la inmigración ilegal”, los ataques racistas se han disparado en Alemania y Dinamarca acaba de anunciar la última de sus medidas restrictivas: recluir a migrantes pendientes de deportación en una isla.

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