Imagen de la entrada de un colegio de Barcelona

Cataluña se convirtió ayer en la primera autonomía en aprobar un pacto institucional para frenar la segregación escolar, que es la separación del alumnado en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico. Eso impide que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades. A partir del próximo curso, se revisarán las cuotas que cobra la escuela concertada —para asegurar que no hay una selección de aquellos con más recursos— y se velará por el reparto “equitativo” de los estudiantes que se matriculan fuera de plazo, para evitar que se deriven siempre a los mismos centros. En los últimos años, diferentes autonomías, gobernadas por PSOE y PP, han admitido el problema de la segregación y han puesto en marcha medidas para frenarlo aunque, hasta la fecha, todo han sido pequeños parches.

El Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, advirtió en un duro informe en 2016 que un centenar de escuelas catalanas (el 4,35% de las 2.295 existentes, casi el doble que en 2006) tenían más de la mitad de alumnado extranjero, lo que las convierte en colegios gueto. Cataluña es, junto a Baleares, la autonomía con un mayor porcentaje de alumnos extranjeros, un 13,2%. Esa polémica culminó ayer con la firma del Pacto contra la Segregación Escolar, que incluye 189 medidas para reducir los índices de segregación escolar, como la retirada de los 10 puntos extra por enfermedades digestivas crónicas, celiaquía o los cinco puntos por tener familiares (padres, hermanos) exalumnos del centro.

Además, se creará una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del documento, que fue secundado por Junts per Catalunya, ERC, PSC y Catalunya en Comú —todos a excepción de PP, C’s, CUP—, casi todos los Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, sindicatos como CC OO y UGT y entidades de la comunidad educativa.

La Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido en los últimos años a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar. Esta afecta al 46,8% de los centros educativos del país -nueve de cada diez son públicos-, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. En ese informe, se refleja una gran disparidad entre autonomías: Baleares o Galicia presentan una baja segregación  -entre Suecia y Finlandia, los países con la tasa más baja de la Unión Europea-, mientras en Madrid es “altísima”, -entre Hungría y Rumanía, los países con la mayor tasa de la UE-.

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