imagen del alcalde de Palermo rodeado de seguidores

La ley de seguridad de Matteo Salvini, que endurece las políticas migratorias, continúa generando división en Italia. Varios alcaldes de algunas de las principales ciudades han lanzado un pulso al ministro del Interior y han anunciado que no aplicarán las disposiciones de la norma que según ellos están destinadas solo a complicar la vida de los extranjeros. En un momento de ausencia de oposición al Gobierno a nivel nacional, este movimiento cobra mayor fuerza.

El germen de la discordia está en el artículo relativo a los empadronamientos de los inmigrantes en los Ayuntamientos y que suspende el derecho a inscribirse como residente a quienes han solicitado asilo y aún están a la espera de que se resuelva su petición, a pesar de que tienen pleno derecho a permanecer en el país, avalado por un permiso específico. Sin el empadronamiento no se puede acceder al sistema de acogida ni a la gran mayoría de servicios públicos y privados.

Para el alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, heredero del ala de izquierdas de la antigua Democracia Cristiana y el primero en abrir la brecha con el Gobierno central, en este precepto hay mucho de discriminación y poco de auténtica seguridad. “Apesta a racismo”, ha dicho y ha añadido: “Es un texto inhumano que viola los derechos humanos e induce al crimen al calificar como ilegales a personas que se encuentran legítimamente en nuestro territorio”. Su ataque directo a Salvini no queda ahí: “Todos los regímenes [totalitarios] comienzan con unas leyes raciales”, ha lanzado. Los alcaldes de Nápoles, Florencia, Reggio Calabria y Parma han sumado fuerzas con Orlando y han anunciado que tampoco aplicarán el controvertido artículo.

Salvini, líder de la ultraderechista Liga, entró de inmediato en la guerra dialéctica y acusó a los alcaldes de explotar la polémica “para sentirse un poco de izquierdas”. También ha pedido públicamente la dimisión de los “desobedientes”, a quienes ha llamado “amigos de los clandestinos, traidores de los italianos”, y ha anunciado inspecciones extraordinarias en los padrones de los Ayuntamientos. “No les envío al ejército, pero tendrán que responder legalmente por ello”, ha dicho.

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