El sindicato reclama una solución definitiva y negociada al problema de la precariedad laboral y pide articular mecanismos para frenar su uso abusivo

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos asiste este jueves a la reunión de la Comisión de Seguimiento de los acuerdos de 2017 y 2018 con un objetivo prioritario: buscar una solución definitiva y negociada al problema de la temporalidad en las Administraciones Públicas. El sindicato ha hecho un balance de los acuerdos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado en 2017 y 2018.

Según datos de FeSP-UGT, el empleo público se ha incrementado en 74.545 efectivos durante el periodo de vigencia del acuerdo. Este aumento se ha producido principalmente en las Comunidades Autónomas y entidades locales, mientras que en la Administración General del Estado ha disminuido en 9.299 personas.

El aumento de empleo que se ha experimentado durante este periodo ha sido precario, se han destruido más de 60.000 puestos fijos y se ha incrementado el empleo temporal e interino en 118.862 plazas, lo que supone pasar de una temporalidad del 16,67% al 20,77%, cuatro puntos más que cuando se firmó el primer acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en 2017.

El pasado mes de enero, UGT denunció el importante retraso que se estaba produciendo en los procesos de estabilización de empleo destinados a reducir la precariedad en las Administraciones. Hasta esa fecha solo la Administración de Justicia había cumplido la convocatoria de plazas comprometidas. Esta situación se ha agravado con la crisis de Covid-19. Entre las actuaciones que reclamó para solven- tar la situación estaba prorrogar, al menos un año, el periodo de vigencia de los acuerdos en materia de empleo, una medida que ya está en marcha.

El sindicato, sin embargo, considera que se deben implementar otra serie de acciones para disminuir la precariedad en Función Pública, que alcanza cotas inasumibles en sectores como Enseñanza, con mas de un 28% y Sanidad, donde la precariedad asciende al 46,35%.

Entre las medidas propuestas está agilizar las convocatorias para culminar los procesos de estabilización, eliminar la tasa de reposición y articular mecanismos para evitar las situaciones de abuso de la temporalidad que se está produciendo en la actualidad.