La verdadera inclusión requiere formación de calidad y con el reconocimiento adecuado

Para atender adecuadamente a la diversidad de realidades y necesidades educativas presentes en las aulas, el profesorado necesita una formación de calidad, práctica y adaptada a las necesidades reales de los centros, que se desarrolle dentro del horario laboral. No se puede exigir a un profesorado ya sobrecargado que siga formándose a costa de su tiempo personal y familiar. Las 42 horas anuales de permiso para formación, condicionadas además a que coincidan con el horario escolar, resultan claramente insuficientes. La atención a la diversidad no puede convertirse en un obstáculo para la conciliación de la vida personal y familiar del profesorado. Por ello, es necesario ampliar el tiempo de formación dentro del horario laboral para quienes necesiten adquirir las competencias necesarias para atender al alumnado con garantías, así como establecer medidas de reconocimiento profesional adicional que valoren el esfuerzo, la especialización y la responsabilidad que esta tarea conlleva.

Asimismo, la inclusión debe comenzar mucho antes de la incorporación a las aulas. Por ello, es imprescindible reforzar la formación inicial en atención a la diversidad y educación inclusiva, tanto en los grados de Magisterio como en el Máster de Formación del Profesorado, garantizando una preparación sólida y práctica que permita a los futuros docentes afrontar la diversidad del alumnado desde el inicio de su carrera profesional.

No hay inclusión real sin formación adecuada, tiempo para formarse y reconocimiento del profesorado que la hace posible.

Las ratios deben adaptarse a las necesidades reales del alumnado

Para que la inclusión sea efectiva, debe cumplirse el principio de equidad, argumento central de la Ley de Educación. Esa equidad debe entenderse garantizando los recursos que el alumnado necesita, y los recursos que necesita dependerán de sus circunstancias personales, no solamente de criterios numéricos.

La disminución de ratios en las aulas para garantizar la inclusión y la equidad no puede basarse en disminuir sólo un puesto en aquellas aulas donde haya ACNEEs, con independencia de que pueda haber 1 ó 5. En primer lugar, porque no se garantiza que sea lo que precisa el alumnado, al no tener en cuenta sus características y necesidades. Y en segundo lugar, porque, en la práctica, ignora el hecho de que haya 2 o más ACNEEs, lo cuál puede ser, con alta probabilidad, insuficiente para garantizar una respuesta educativa inclusiva y adecuada.

Además, la planificación de los recursos no debería atender exclusivamente a la presencia de ACNEEs, sino valorar también la concurrencia de ACNEAEs y, en general, la intensidad y complejidad de las necesidades educativas presentes en el grupo. La realidad es que, en nuestra región, existen aulas donde están conviviendo varios ACNEEs, que en algunos casos precisan atención casi continua, y varios ACNEAEs, y sólo se está disminuyendo en un puesto la ratio máxima. Una disminución de ratio insuficiente, sin tener en cuenta las necesidades del alumnado, unida a la escasez de recursos humanos y materiales, puede llegar a suponer que la labor docente sea inasumible, provocando un deterioro de la calidad del servicio que recibe el alumnado, además de estresar al profesorado, sin que a nadie parezca importarle su salud laboral.

 

La dotación de profesionales debe adecuarse a las necesidades reales del alumnado

Para que la inclusión sea real, todo el alumnado con necesidades tiene que tener a su disposición todos los recursos necesarios.

La dotación de recursos estructurales en plantilla orgánica se hace teniendo en cuenta como referencia el número de unidades, pero no el número total de alumnado escolarizado ni mucho menos sus necesidades. Así, por ejemplo, se crea una plaza de PT en CEIPs y CRAs haya 9 o 27 unidades, y para que haya un AL se exigen hasta 27 unidades. De igual modo, se crea un puesto de orientación cada 12 unidades, sin importar ni el alumnado total ni sus características, dándose situaciones muy dispares que en algunos casos dificultan la atención.

Si bien esto se puede compensar con la dotación de cupo extraordinario, lo cierto es que las instrucciones que regulan esta dotación, que ni siquiera se negocian con las organizaciones sindicales, son extremadamente ambiguas y, en algún aspecto, poco flexibles.  Así se permite dotar de cupo de PT cuando «el número de alumnado que requiere medidas individualizadas o extraordinarias escolarizado así lo justifica», o de cupo de AL cuando «el número de alumnado con graves alteraciones en el lenguaje y la comunicación es significativo» . Es decir, se aplicaría un criterio meramente numérico, pero sin un umbral claramente definido.

Desde UGT, y dado que son una amplia mayoría las voces que se quejan de carencia de estos recursos en toda la comunidad educativa, exigimos una mesa de negociación para mejorar dicha dotación.

La cobertura de las bajas de personal auxiliar técnico educativo o fisioterapeutas debe ser inmediata

Actualmente, cuando se produce una baja de este tipo de personal, dada la regulación autonómica sobre ejecución de los presupuestos, se exige a la dirección del centro educativo que haga un informe detallado de por qué se debe cubrir esa baja. Una vez realizado, dicho informe acaba realizando un viaje a través de la Delegación Provincial, la Consejería de Educación y la Consejería de Hacienda, para que, en el mejor de los casos, tras unos cuantos días, se pueda autorizar la cobertura de esa plaza, algo que no siempre ocurre porque a veces, desde Presupuestos, se indica que no está lo suficientemente justificada, aunque parezca totalmente incomprensible, por lo que hay que volver a reclamarla, dilatándose aún más su cobertura.

La consecuencia final  de este proceso es que el alumnado con necesidades, muchas veces con alto grado de discapacidad y/o dependencia, no dispone durante varios días de estos profesionales. Esto acaba condicionando la labor del profesorado, y, además, condiciona también a las familias, pues muchas veces optan por no llevar al centro a sus hijos e hijas durante esos días, al no tener garantizados los recursos que necesitan.

Desde UGT ya reclamamos en la Mesa General de Función Pública que la cobertura de estas plazas debía ser urgente, por atender a alumnado especialmente vulnerable.

No se puede sobrecargar al profesorado por no dotar de los recursos necesarios

Desde UGT llevamos meses reclamando una mesa técnica sobre inclusión educativa, pues el sentimiento entre el personal docente es claro, y la gran mayoría reclama más recursos. Opinión que, por otra parte, comparten también las familias del alumnado con necesidades.

No se pueden limitar los recursos sobrecargando más al profesorado, y provocándole estrés y frustración por no poder atender en condiciones ni al alumnado con necesidades, ni al resto de alumnado. La falta de recursos acaba convirtiéndose, además, en un problema de salud laboral.

Hay que dotar de todos los medios necesarios, de manera efectiva, para conseguir una mejor atención a todo el alumnado, y también para conseguir que el profesorado pueda ejercer sus labores sin sobrecarga física y emocional. Porque un sistema educativo de calidad debe cuidar del alumnado y del profesorado.

 

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