tres jóvenes de espaldas con los brazos entrelazados

Asistimos todos los días a un exceso de casos de violencia, pero ésta no tiene su origen en los centros escolares, son éstos los que padecen la violencia que ven en la sociedad (la tribu). Sin embargo, es el profesorado el que tiene la misión de formar parte de la solución, de la mano de otras administraciones, instancias e instituciones políticas, familiares y sociales para ayudar a formar a los alumnos en aquellos valores que neutralicen los contravalores que contemplan y se espejan en las conductas de tantos políticos, líderes sociales, medios de comunicación y redes sociales.

En un mundo de impunidad frente a la violencia, el abandono de la disciplina y de la protección debida contra el acoso escolar, muchos alumnos aprenden a sobrevivir a base de hostigar y agredir o participar en el acoso o linchamiento psicológico de otros.

Es una obviedad decir que un centro educativo es un centro escolar con un planteamiento global y un modelo integrado de educación para la convivencia con implicaciones organizativas, personal docente cualificado y recursos específicos para conseguir los objetivos que le han sido asignados. Para ello es imprescindible un modelo de educación para la convivencia que tenga muy en cuenta el valor formativo de la disciplina, entendida como la necesidad de exigir que todos los miembros de la comunidad educativa respeten las normas que nosotros mismos nos hemos dado para garantizar los valores democráticos sociales y el respeto y la libertad de todos”; esto exige y necesita la recuperación de la autoridad moral y el respeto a la dignidad del profesorado, basada en el reconocimiento social de su labor docente y en el apoyo institucional de las Administraciones; esos profesionales que, en cambio, ejercen su trabajo con demasiada frecuencia en situaciones de gran dificultad, no solo en su docencia académica, sino en ese proceso de educar a sus alumnos en el desarrollo afectivo, social y moral y en un clima necesario de respeto, tolerancia y libertad, para fomentar en ellos como sociedad los valores de la ciudadanía democrática.

La educación ha jugado un importante papel en forjar y definir lo que somos. También se ha convertido en un reflejo de las desigualdades e injusticias sociales, y por ello mismo forma parte del conjunto de los actuales problemas. Paradójicamente, la educación es desigual y homogeneizadora a la vez. Es necesario comenzar por definir el país que queremos, para a partir de ello identificar la educación que necesitamos. Es evidente que, para hacerlo, hay que promover la participación real de todos los sectores, generar los debates necesarios y llegar a dos consensos mínimos que nos permitan avanzar. Uno: que queremos una sociedad democrática; y dos: que necesitamos una sociedad gobernable en la legalidad y la equidad. Para ello se impone reducir las desigualdades económicas, sociales y políticas. Los consensos necesarios para un modelo factible educativo de país serían, al menos, los siguientes: Necesitamos una educación que prepare para el empleo y el trabajo digno; una educación que enseñe a pensar, a criticar, a proponer; que aliente el pensamiento científico y la capacidad para el desarrollo tecnológico; una educación que forme para la participación democrática; una educación que forme seres humanos respetuosos de los otros y del medio ambiente, una educación que asuma y valore la diversidad; que forje seres humanos socialmente responsables y solidarios, intolerantes a la injusticia, creativos y transformadores.

Educar a los ciudadanos que van a desarrollar su vida para una sociedad cambiante que no es como la actual no se puede hacer con modelos del pasado. La estabilidad y el inmovilismo son la peor respuesta para una sociedad que necesita urgentemente cambios. En educación un pacto por el cambio, con la participación de todos los sectores, con el debate necesario para discutir las posiciones encontradas y decidir en torno a aquello capaz de generar los máximos niveles de consenso, tendría que ser una práctica permanente. Exige una ruptura necesaria con modelos pedagógicos caducos, con una manera de plantear modelos de innovación pedagógica distinta, con un sentido ético de los valores laicos y al margen de morales religiosas integristas, con visión de futuro, participativo y fundamentado en acuerdos sólidos, sin línea rojas excluyentes y valorando los acuerdos que garanticen una continuidad educativa al margen de cambios electorales. Hay que abordar esos cambios democráticos pactados políticamente incluyentes, sin sesgos partidistas relacionados con la equidad y con la diversidad cultural; en suma, una educación en valores de convivencia y derechos humanos, porque los centros educativos, además de enseñar conocimientos, deben educar en valores para “aprender a convivir”.

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