Imagen de un lápiz blanco con ojos simulando uno del kkk

Mamá, me he dado cuenta de que la gente va a utilizar mi color de piel para hacerme daño, pero no les voy a dejar”. Camila, de mirada intensa y templada, lleva soportando expresiones malsonantes que hacen alusión a su cantidad de melanina, como “negra de mierda”, desde que cumplió tres años. Sentada en una mesa, escucha aparentemente ausente cómo su madre describe estos nueve años de acoso vividos en el CEIP Cardenal Herrera Oria de Madrid. Y, aunque pareciera entretenida en otras cosas, está atenta y sonríe cuando su madre parafrasea las sabias conclusiones a las que ha llegado con tan solo 12 años: “Camila es una niña muy fuerte y nos ha dado muchas lecciones. A pesar de lo vivido, ya está bien y ahora ya puede escuchar esta historia”, explica Petra Ferreyra, mamá de esta pequeña.

A los siete años, una anécdota relacionada con un trabajo hecho en cartulina fue el detonante. Camila había realizado la tarea por encima de la media. Fue entonces cuando el acoso se hizo más visible. “Un grupo de unas siete niñas la acorralaban en el recreo, le tiraban balones a la tripa en gimnasia. Se metían con su pelo, con su forma de vestir”, describe Petra, quien no dudó en contactar con el colegio cuando la cosa ya era más que evidente. “Camila llegaba a casa con ansiedad. Empezó a comer mucho. Engordó siete kilos”, relata. Así llegó el primer protocolo de acoso, abierto en enero de 2017. Un protocolo que se archivó tras un acto de petición de perdón bidireccional. Tras este “cierre en falso”, en junio se abrió otro protocolo, pues el bullying, lejos de aplacarse, siguió. “La niña era tratada como un trapo, se veía anulada completamente. Comenzó a dejar los exámenes en blanco. Empezó a suspender. Somatizó los problemas, le dolía la tripa, la cabeza”.

Finalmente, y tras exámenes psicológicos que concluyeron que Camila tenía secuelas de estrés postraumático bastante graves, con “falta de confianza, inseguridad, incapacidad para relacionarse con sus iguales y depresión”, ha tenido que cambiar de colegio. Ante la inacción del antiguo centro, su madre ha escalado el caso hasta la Dirección de Áreas Territoriales (DAT) de la Comunidad de Madrid. Llegó a escribir a la propia Cristina Cifuentes —entonces presidenta del gobierno regional madrileño—, quien reconoció deficiencias en los protocolos de acoso en una carta a la que ha tenido acceso El Salto.

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