El Relator de la ONU, Philip Alston

La salida de la crisis en España ha tenido vencedores y vencidos. Esta es la principal idea que se desprende del informe del Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos sobre España. En su análisis, Philip Alston destaca el esfuerzo realizado por la cuarta economía de la UE para superar las preocupantes cifras de desempleo que trajo consigo el batacazo económico de 2007, pero afirma que esta recuperación ha beneficiado al las rentas más altas y ha dejado atrás a quienes sufren la pobreza. “Se ha hecho muy poco para ayudar a la mayoría de los miembros de ese cuantioso grupo” destaca.

El informe de la ONU señala un culpable de esta situación: los poderes públicos que “han fallado mayoritariamente a las personas que viven en la pobreza”. En opinión de Alston los derechos sociales “rara vez se toman en serio” pese a ser invocados frecuentemente en los discursos de los políticos. “El sistema de prestación de asistencia social está roto” concluye el informe.

El análisis se basa en la visita del relator a España entre el 27 d enero y el 7 de febrero de 2020, un recorrido que incluyó Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Catalunya y la Comunidad de Madrid, y en el que Alston se reunió con representantes públicos, miembros de la sociedad civil, activistas, y personas afectadas por la pobreza urbana y rural. Ya en ese momento, Alston fue contundente en su análisis y alertó de las desigualdades.

Entre los principales problemas señalados están la tasa de paro -especialmente el desempleo crónico que afecta los jóvenes-, la ineficacia de los sistemas de protección social, las “arraigada mentalidad burocrática” o los desequilibrios en materia de política fiscal a favor de quienes más tienen.

Capítulo aparte merece la vivienda, un asunto sobre el que ya hizo hincapié el Relator al término de su visita a España. Alton destaca que el país tiene una “crisis de vivienda de enormes proporciones” y describe algunas de las zonas visitadas como áreas “que muchos españoles y españolas no reconocerían como una parte de su país”. La parte más dura del relato llega con la comparación con los campos de refugiados: “en algunas zonas las condiciones de vida son peores”.
El texto reprocha asimismo la escasez de recursos destinados a vivienda pública “mientras se privatizan bloques de apartamentos y se realizan desalojos agresivos”.

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