Imagen de un grupo de personas participando en un paro en Torico, Teruel

Un reciente e interesante artículo de Josefina Gómez Mendoza [Por favor, no lo llamen España vacía, El País, 11/10/19], hablando sobre el acuciante fenómeno de la despoblación demográfica de amplias zonas españolas, rogaba no utilizar los términos vacía ni vaciada. La referencia inicial, viene siendo habitual desde que, tres años atrás, Sergio Del Molino con su libro ‘La España vacía’ la pusiera en primera línea. La autora del artículo considera que no es apropiado generalizar y propone sustituirlo por el de despoblada.

Quedémonos con los dos primeros. Aparentemente ambos calificativos, “vacía y “vaciada”, parecen ofrecer un mismo significado (destacar la falta de población de un lugar), pero no es así. Mientras que el primero tiene una interpretación más neutra (se desconocen las causas de tal hecho, se pretende situar únicamente una realidad), el término vaciada, implica ya una opinión (alguien, por alguna razón, conocida o no, ha participado en esa acción, ha puesto intención en conseguir ese vacío).

Sin ánimo de polemizar con la catedrática de Geografía de la UAM, para el ámbito educativo y, más concretamente para hablar de la red pública, la que se imparte en la totalidad del territorio nacional –ciudades y pueblos, lugares masificados o entornos en riesgo de desaparición-, prefiero hablar de vaciada. Y la hipótesis es sencilla: la enseñanza pública parece encaminarse hacia una situación de descenso demográfico y de matriculación, consecuencia de la actuación político-ideológica de las administraciones educativas; resultado de la acción preconcebida de seres humanos que han optado por medidas de política educativa en las que el neoliberalismo es el elemento aglutinador.

Percibo ya dos rápidas críticas a tal afirmación, que la tacharán de alarmista. La primera, planteará que cuando el 66 % de los centros educativos dedicados a la educación general están encuadrados en la red pública española, según los datos publicados recientemente por la Comisión Europea [Monitor de la Educación y la Formación de 2019. Datos para España], es exagerado hablar de despoblación. Sin embargo, este porcentaje ha descendido en varios puntos en tan solo diez años, cuando los centros privados y concertados tan solo escolarizaban al 27-28 % del alumnado. Más aún, en el año 2019, la diferencia con el resto de países europeos ha aumentado, hasta situarse en los 14 puntos a favor de los centros concertados españoles, mayoritariamente vinculados a la Iglesia Católica (media europea de alumnado en centros concertados: 19 %).

La explicación para este rápido crecimiento de la escuela concertada (que en Comunidades Autónomas como Madrid y País Vasco ronda el 50 % de la matriculación desde hace varios años) a costa de la red pública hay que buscarla en la interpretación que se viene haciendo reiteradamente del artículo 27 de la Constitución española de 1978, que reconoce el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Como explica con nitidez Ana Valero en su artículo Libre elección de centro y equidad escolar: un binomio constitucionalmente inaceptable, lo que este artículo 27 garantiza es la obligación de que el Estado garantice el derecho de las familias a elegir la formación religiosa y moral de acuerdo con sus creencias y el derecho a que personas físicas o jurídicas puedan crear instituciones educativas con ideario propio. Nada más. No garantiza ni obliga a que esta formación en centros privados sea financiada con presupuestos públicos. A esta situación se llegará tras la aprobación de la LODE, en 1985.

Leer el resto del artículo en El Diario.

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