personas en la frontera griega

Una demanda contra el Estado griego presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acusa a Grecia de ejercer un sorprendente nivel de violencia en una estrategia ilegal para reducir y detener la llegada de refugiados y migrantes. Se trataba, según la denuncia, de sofisticadas operaciones conjuntas entre diversos brazos de la administración.

La demanda interpuesta por la ONG Centro Legal Lesbos se centra en un supuesto incidente en octubre del año pasado. Un barco pesquero zarpó de Marmaris, en Turquía, con 200 personas a bordo. Entre ellas, 40 niños y una mujer embarazada. El bote se topó con una tormenta en la costa sur de la isla de Creta y la situación empujó al capitán a pedir ayuda por radio.

La petición ante la justicia asegura que, en una operación de tamaño y sofisticación no vistas antes, en lugar de ayudar a las personas atrapadas a bordo, una embarcación de rescate griega y dos pequeñas patrulleras retuvieron el bote del traficante durante cinco horas hasta que llegaron lanchas rápidas que transportaban agentes enmascarados. Varios de los pasajeros del bote afirman que fueron golpeados durante el incidente.

Las personas detenidas a bordo fueron divididas en dos grupos y trasladadas a dos grandes patrulleras en las que tripulaciones armadas de entre 10 y 15 hombres a cara tapada los registraron antes de confiscarles sus pertenencias –teléfonos, pasaporte y dinero.

Se cree que después los pasajeros fueron trasladados a la fuerza a lanchas más pequeñas y devueltos a aguas turcas. Allí los habrían abandonado sin comida, agua, chalecos salvavidas ni medio alguno para pedir ayuda. Cuando los recogió la guardia costera turca habían pasado más de 24 horas.

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