Imagen de una clase con la maestra

Revertir los recortes en Educación que se han llevado a cabo desde 2012 por la crisis económica es el objetivo del anteproyecto de ley aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros, pero la norma tienes sus ‘peros’ para sindicatos y profesores. El principal es que delega en las comunidades autónomas su aplicación y no las obliga a ello.

“Las Administraciones Públicas con competencias educativas -esto es, las comunidades autónomas- podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente”, reza el borrador del anteproyecto. Dice “podrán”, y “ahí está la trampa”, explica a RTVE.es Teresa Jusdado, de Fesp UGT- Madrid.

Me parecen muy bien las intenciones del Gobierno, pero no se van a poder materializar en comunidades autónomas como Madrid”, opina Jusdado, que recuerda que en la reunión sectorial de finales de julio los consejeros de Educación de comunidades gobernadas por el PP se levantaron de la mesa.

Exigen una norma estatal “de carácter básico”

Asimismo, el Real Decreto Ley 14/2012 aprobado por el anterior Ejecutivo tiene dos partes, y con el anteproyecto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros se deroga solo la parte que afecta a la enseñaza no universitaria. “Habíamos pedido la derogación íntegra”, señala Maribel Loranca, secretaria de enseñanza de UGT.

Otro de los ‘peros’ del anteproyecto, según Loranca, es que la reducción del máximo de horas lectivas y las ratios de alumnos no entrará en vigor hasta el curso que viene. Pero el principal inconveniente, insiste, es que la norma no va a tener “carácter básico“, lo que supone que sean las comunidades autónomas las que establezacan el máximo de horas docentes. “La medida no es mala, debería haberse hecho antes, pero le falta tener carácter básico”.

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