El futuro que quieren para la educación pública ya está aquí. UGT C-LM, con los compañeros y compañeras de Madrid.
Lo que está pasando en Madrid no es un conflicto lejano. Es el modelo que algunos quieren para toda la educación pública: un profesorado al que no se escucha, servicios mínimos que dejan la huelga sin efecto y aulas donde se vigila lo que se dice.
El profesorado madrileño está en huelga desde el 14 de octubre. Pide lo mismo que cualquier docente: menos horas lectivas, ratios más bajas, menos burocracia, más plantilla y centros en condiciones. En vez de negociar, como se ha hecho en Castilla-La Mancha, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha respondido esta semana con una orden y dos instrucciones que intentan vaciar un derecho fundamental.
Esta huelga y este apoyo no los comparten todas las organizaciones sindicales. UGT sí está. El servicio jurídico de UGT Servicios Públicos Madrid aprecia indicios de vulneración de derechos fundamentales y llevará la orden y las instrucciones a los tribunales.
Una orden para castigar la huelga
La Consejería no ha buscado una solución: ha buscado cómo dejar la huelga sin efecto y cómo meter miedo a quien la secunda. Lo ha hecho con una orden de servicios mínimos y dos instrucciones que se aplicarán durante todo el curso.
- Servicios mínimos que son un curso normal. El profesorado de 2.º de Bachillerato con materias de la PAU tendrá que dar el 50 % de sus clases, el 75 % desde febrero y el 90 % desde mayo. Un servicio mínimo del 90 % no es un servicio mínimo: es prohibir la huelga sin decirlo. Y la orden llegó al comité de huelga ya cerrada, sin negociar ni una coma.
- Un formulario para delatar al profesorado. Las direcciones deben comunicar a la Dirección de Área Territorial cualquier «incidencia»: hablar del conflicto en clase, invitar a sumarse a una huelga o a una recogida de firmas, colgar un cartel, usar la fotocopiadora para repartir información sindical o recibir en el centro a alguien que venga a hablar del conflicto.
- Denuncias sin pruebas. El propio formulario indica que se describan «los hechos conocidos» y que la dirección no debe indagar ni aportar pruebas. Basta con que alguien lo cuente.
- Toda la comunidad, convertida en vigilante. Se anima a familias, alumnado y personal a comunicar cualquier conducta del profesorado que, a su juicio, incumpla las instrucciones. El efecto es el que buscan: que el profesorado calle por si acaso.
- Información sindical prohibida. No se puede informar de la huelga en fachadas ni vallas, ni usar los canales del centro. Es un recorte directo de la libertad sindical y de expresión.
- Docentes señalados ante las familias. Los centros tendrán que comunicar las clases no impartidas por grupo y materia, lo que casi siempre identifica a un docente concreto con nombre y apellidos.
+413.000 horas lectivas afectadas, según la propia orden. La Consejería que decía que la huelga era un fracaso reconoce ahora su éxito, y responde intentando vaciar un derecho fundamental.
Para UGT, esto tiene un nombre: vulneración del derecho de huelga, de la libertad sindical y de la libertad de expresión. Por eso nuestro servicio jurídico en Madrid lo llevará a los tribunales.
La escuela pública no se calla
Las direcciones de Secundaria han pedido que se retiren las instrucciones, el comité de huelga las recurrirá, y docentes y familias se han encerrado en centros para exigir que se negocie. Pedir a la comunidad educativa que vigile lo que se dice en las aulas nos recuerda uno de los episodios más bochornosos de nuestra historia. La escuela pública es el lugar donde se aprende a pensar con libertad, no a tener miedo.
Lo que hoy pasa en Madrid puede pasar mañana en cualquier comunidad.
Por eso, desde Castilla-La Mancha, estamos con el profesorado madrileño.
UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha · Educación
Por el futuro de la educación pública
Ahora más que nunca, UGT










