aula de una escuela infantil

Las denuncias sobre violencias sexuales no han dejado de crecer en los últimos años, registrando un incremento del 35% entre 2015, en que se registraron unas 7.000, y 2018 cuya cifra superó ligeramente las 10.700, según datos del Ministerio del Interior. Las agresiones en manada (aquellas que se realizan en grupo) también han experimentado un incremento tremendo, tal como se desprende de los datos recopilados por la web geoviolenciasexual.com, mantenida por Feminicidio.net que, basándose en informaciones aparecidas en medios de comunicación cifran en 125 este tipo de agresiones entre 2016 y lo que va de 2019. Sin embargo, no existen datos oficiales sobre este tipo de violencias, puesto que las estadísticas no recogen el número de agresores en estos delitos.

No hay consenso sobre si este incremento significa un aumento del número de abusos y agresiones sexuales o si se debe a una mayor conciencia sobre la necesidad de denunciar, pero lo que sí recalcan muchos especialistas es que estas cifras reflejan sólo la punta de un iceberg, puesto que se calcula que entre el 70 y el 80% de estas agresiones nunca llegan a denunciarse y permanecen ocultas.

De lo que no cabe duda es de que la educación es la clave y la única herramienta eficaz para acabar con estas violencias. Así lo reconocen la mayoría de las expertas en violencia de género, educadores y psicólogos. Pero a pesar de que tanto la ley integra contra la violencia de género de 2004 y la de Igualdad aprobada en 2007 reconocen la importancia de la educación y dedican una parte importante de su articulado a la necesidad de educar en igualdad, poco o nada se ha avanzado en este ámbito a nivel Estatal.

​El intento de incorporara a nivel nacional una asignatura en esta materia durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la conocida como Educación para la Ciudadanía (que también incluía en su nombre «y de los Derechos Humanos») duró apenas seis años (desde diciembre de 2006 a noviembre de 2012), hasta que José Ignacio Wert, ministro de educación con Rajoy, la derogó.

​Desde entonces, los únicos esfuerzos por implantar una educación en igualdad se han librado en algunas comunidades autónomas. Andalucía y País Vasco llevan algunos años desarrollando un plan en este sentido. El más reciente, conocido con el nombre de Skolae y que puso en archa en 2017 la Comunidad de Navarra, está librando en estos días una batalla judicial en la Audiencia de Navarra (la misma que juzgó a La Manada), denunciado por algunas asociaciones ultracatólicas y un grupo cinco familias.

Ente las acusaciones que esgrimen las denuncias figura que a los niños se les enseña «ideología de género» y que desde pequeños (el programa abarca todas las etapas educativas desde los 0 a los 18 años) va en contra de los varones y que promueve la homosexualidad y la masturbación en las aulas.

El surgimiento de Vox ha vuelto a poner en la picota los intentos de avanzar en planes para educar en igualdad, tolerancia y diversidad. Desde Andalucía (donde sus votos sostienen al Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos), pasando por Murcia y la Comunidad de Madrid (en donde son claves para negociar gobiernos de derechas), sus exigencias en educación se han dejado oír alto y claro: quitar competencias de educación a las comunidades autónomas, que ésta pase a ser una competencia de «ámbito estatal», y que sea necesaria la autorización parental para «cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales».

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