imagen de varios policías antidisturbios

Perú ha vivido en las últimas semanas una crisis política que supera la ficción: tres presidentes en siete días, una vacancia y protestas multitudinarias en todo el país sudamericano. Esta, sumada a la crisis sanitaria y todos sus efectos en la economía, se ha convertido en el mayor reto de los peruanos de cara al bicentenario de su independencia.

La crisis se acentuó cuando el Congreso de la República aprobó la moción de vacancia del presidente peruano, Martín Vizcarra. Pero es acertado afirmar que el conflicto y la indignación de los peruanos empezó desde mucho antes. Algunos lo atribuyen a 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones por corta diferencia a su principal contendora, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular.

Desde entonces, la mayoría de los escaños del Congreso ha sido conformada por partidos de la oposición, lo que ha impedido una fluida gobernanza por más de dos años. Kuczynski enfrentó dos mociones de vacancia bajo el supuesto legal de “incapacidad moral”, amparado por la Constitución de 1993. Un término que ahora es cuestionado por constitucionalistas y expertos por su amplia interpretación. Antes del debate de la vacancia, Kuczynski presentó su renuncia tan solo dos años después de haber asumido como primer mandatario del país, dando paso a que su primer vicepresidente, el entonces embajador de Perú en Canadá, Martín Vizcarra, jurara el cargo como nuevo presidente.

Sin embargo, el Congreso continuó asumiendo una posición hostil y poco accesible a la comunicación, imponiendo una barrera entre los poderes legislativo y ejecutivo. Este fue el mayor reto de Vizcarra desde un inicio. En solo dos años de gobierno existieron cinco presidentes del Consejo de Ministros y, por lo tanto, cinco gabinetes, que cambiaban por los procesos de investigación que iniciaba el Congreso en contra del gobierno y que representaba una presión política para que renunciaran a sus cargos ante el presunto delito de corrupción o por la negación al voto de confianza que debían otorgar los congresistas a cada cartera de ministros.

Es imposible no regresar a estos hechos —que fueron aún más conflictivos y complicados de lo que parecen— cuando se pretende entender la indignación de los jóvenes que marchan ahora. Según diversos especialistas, son universitarios y recién licenciados que tienen entre 20 y 30 años. No tienen una ideología particular que los integre, ni posiciones políticas, solo malestar e indignación social y política, el signo de los tiempos y de la juventud en el mundo entero.

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