LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO VAN A DESAPARECER

28/04/2020

 

En estos días de incertidumbre no hay momento que desaprovechar para desmentir la desinformación. En esta ocasión, la Educación Especial está siendo objeto de informaciones equívocas que pretenden sembrar la incertidumbre y el desasosiego en la ciudadanía, y el profesorado así lo está sufriendo.

Hace pocos días, desinformando con la desaparición del régimen de Clases Pasivas, al que se acogen los funcionarios de carrera anteriores a 2011 para su jubilación. Ahora, intentando hacer creer que se está tramitando una ley que va contra los colegios de Educación Especial, que promueve su desaparición.

 

Escuela inclusiva vs. educación especial, una pelea inexistente.

Los derechos recogidos en la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad y a la que España está adherida, no hacen más que promover la igualdad, la inclusividad y  la no discriminación de las personas con discapacidad.

En base a estos principios y tras recoger las opiniones y propuestas a todos los niveles, se ha desarrollado un proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) que sigue en estado de trámite. Tanto las Comunidades Autónomas como las organizaciones representadas en los Consejo Escolar del Estado y Autonómicos fueron invitadas formalmente a expresar su opinión y manifestar su postura ante tales propuestas. Además, otras muchas personas, asociaciones y grupos hicieron llegar al Ministerio de Educación y Ciencia sus reflexiones y sus propias propuestas, que fueron difundidas por diversos medios, respondiendo así a la voluntad de transparencia que debe presidir cualquier debate público (ver memoria de tramitación de la LOMLOE)

El proyecto de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), establece que “la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario.”

También prevé que “el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios

Según la propia Ministra de Educación “no supondrá de ninguna manera el cierre de los centros especiales. Una cuestión es que efectivamente haya niños y niñas con diversidad funcional que, atendiendo al interés superior del menor y con las familias, vayan trasladándose a centros ordinarios, pero de ninguna manera habrá un cierre de centros de Educación Especial.”

Según declaraciones de la propia ministra “eso no significa que todos los niños con diversidad funcional vayan a acabar en el año 30 en los centros ordinarios. Habrá niños y niñas que seguirán estando en centros de Educación Especial»

El proyecto sigue contemplando la existencia de centros de educación especial y, de hecho, sigue contemplando que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en este tipo de centros pueda extenderse hasta los veintiún años.

 

La inclusividad como oportunidad de mejora

Para los profesionales de la educación especial, la inclusividad que se promueve desde la Organización de Naciones Unidas y que se refleja en este proyecto de ley es una oportunidad de mejora indudable en la medida en la que dicha inclusividad va a necesitar en mucha mayor medida de su mayor presencia en todos los ámbitos y niveles  educativos y no solo en los centros de educación especial. Este proyecto de ley contempla un plan de incremento del gasto público en educación para los próximos diez años, que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos la equiparación progresiva a la media de los países de la Unión Europea.

 

FeSP-UGT defiende la Educación Especial y a sus trabajadores

Desde el sector de Enseñanza de FeSP UGT entendemos que la Educación Especial ha sido, durante los últimos 35 años, generadora de beneficios compensadores para miles de alumnos y alumnas con discapacidad. Igualmente, UGT tiene entre sus principios, y así lo ha venido demostrando, la escuela inclusiva y la integración educativa que también defendemos, pues ambos modelos educativos se han compenetrado aportando grandes beneficios para el alumnado y para la sociedad en su conjunto.

Para garantizar estos principios, cualquier cambio en el modelo actual debe ser negociado con la comunidad educativa y en lo que respecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, con las organizaciones sindicales representativas del ámbito.

 

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