Imagen de la ministra de Educación

Pocas leyes educativas han tenido tanta contestación como la LOMCE, aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta tal punto fue contestada que el propio Ejecutivo dio marcha atrás en algunos de sus aspectos más controvertidos, como el sistema de reválidas. La ley ha dejado una situación de confusión e inseguridad que lastra el buen funcionamiento del sistema educativo. Era, pues, previsible que el nuevo Gobierno socialista quisiera romper una dinámica tan negativa y decidiera intervenir lo más pronto posible. Así ha sido. La nueva ministra de Educación ha anunciado que revisará los aspectos más retrógrados y disfuncionales de la ley y aplicará medidas para revertir los recortes de los últimos años. Ambos aspectos son necesarios y exigen la máxima colaboración de todas las fuerzas políticas, incluido el PP, responsable de un desaguisado que urge corregir.

Entre las modificaciones anunciadas destaca la supresión de los itinerarios que segregan a los estudiantes en función de su rendimiento, que actúa como rémora para la igualdad de oportunidades. En edades tan volubles por los cambios de la adolescencia, la segregación priva a muchos alumnos de oportunidades de mejora y les cierra puertas académicas de las que depende su futuro. Si algo es importante preservar en un sistema educativo público es la equidad. La educación ha sido en España el principal motor del ascensor social, y debe seguir siéndolo.

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