La convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre supone el decaimiento automático del Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Un proyecto que, tras meses de tramitación parlamentaria, se queda nuevamente en el camino.
También paraliza la tramitación de la reforma del Real Decreto 132/2010, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria y que incluía mejoras necesarias para la etapa 0-3. Como también queda pendiente la reforma del Real Decreto 276/2010, de acceso a los cuerpos docentes, así como otra normativa pendiente de desarrollo. Y, por último, el Estatuto Docente; más de 25 años esperando una regulación que reconozca y dignifique la profesión docente.
Desde UGT mostramos nuestra profunda decepción porque la llamada “legislatura del profesorado” concluye sin dar respuesta a las necesidades y demandas del sector educativo y de sus profesionales. No podemos pretender dar respuesta a los nuevos problemas que plantea la Escuela del siglo XXI con las herramientas, las condiciones laborales y los recursos de hace más de 30 años.
Para UGT, mejorar la Educación pasa necesariamente por mejorar las condiciones de quienes la hacen posible. Menos carga burocrática, menos ratios, menos horas lectivas, más recursos, mejores condiciones laborales y una carrera profesional digna. La mejora de la Educación no puede seguir dependiendo de declaraciones de intenciones: debe traducirse en derechos, presupuesto y medidas concretas.
Desde UGT reclamamos al nuevo Gobierno que salga de las urnas que sitúe la Educación y a sus profesionales entre sus prioridades. No queremos más promesas ni eslóganes vacíos, queremos compromisos, negociación y cumplimiento. Necesitamos una respuesta real a los problemas de la escuela y un Estatuto Docente que reconozca el trabajo y la responsabilidad de sus profesionales.
La educación es un servicio público esencial y una herramienta fundamental de cohesión social e igualdad de oportunidades. No puede quedar relegada a un segundo plano ni seguir esperando.
Necesitamos avanzar hacia políticas estructurales, estables y suficientemente financiadas, que no dependan de fondos extraordinarios, actuaciones temporales o cambios de Gobierno. La Educación no puede esperar más. Y sus profesionales, tampoco.