imagen de un edificio de pisos en aquiler

La mañana del 11 de enero, Fikri El Azrak y su mujer se subían al coche para ir a ver un piso en Pineda de Mar, en la provincia de Barcelona aunque cerca del límite con Girona. Ellos trabajan en la capital catalana, pero dos meses de búsqueda estéril les habían forzado a ampliar el área geográfica cada vez más, desesperados por encontrar algo.

Habían quedado en la agencia inmobiliaria Servi-Grup, donde les iba a atender una agente de la oficina. Allí estaba, y ya llevaba las llaves en la mano para salir a visitar el piso, cuando frenó de golpe:

—Una pregunta, ¿de dónde sois?

A lo que Fikri contestó:

—De Marruecos.

Y a partir de ahí, la situación cambió por completo. “Suelta las llaves y me dice, ah pues no, el dueño no quiere marroquíes, gente de África, ni morenos”, recuerda Fikri. Es entonces cuando él decide sacar el móvil y empezar a grabar. En la grabación se oye cómo la agente inmobiliaria les dice: “De África, morenos, no quiere”, refiriéndose al propietario. Y repite varias veces que no es su culpa, no es la agencia, lo que pasa es que “el propietario es el que manda”. Finalmente, acaba echando de la agencia a la pareja y negándose a darles su nombre cuando se lo piden para poder denunciar.

Una vez fuera, Fikri y su mujer deciden trasladar formalmente la queja al ayuntamiento de Pineda de Mar, pero este elude responsabilidades y les deriva a la Agència Catalana del Consum.

Según un informe jurídico de finales de noviembre de 2020, publicado por la Oficina Local d’Habitatge del ayuntamiento de Olot, “el ente competente para sancionar prácticas contrarias a la normativa catalana de vivienda es la Agència de l’Habitatge de Catalunya, a pesar de que a fecha de hoy, la Generalitat insiste en derivar estas vulneraciones de derechos a la Agència Catalana del Consum (ACC) en base a una interpretación errónea […] Estamos ante una discriminación en el acceso a un derecho y no es por lo tanto un conflicto entre oferta y consumidor”.

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