dos personas trabajan en ordenadores

La operación es sistemática y se repite a diario. Estás desempleado y en busca de nuevos horizontes, trabajas pero te apetece ampliar tu formación o simplemente quieres aspirar a cierto puesto y necesitas un título especial que te capacite para ello. Por razones de tiempo, coste o cualificación descartas matricularte en un posgrado, por lo que un curso parece la alternativa más lógica y sencilla para avalar tus conocimientos. Buscas en internet y, por suerte, encuentras decenas de resultados que se ajustan a lo que quieres, todos ellos a distancia. Tras una criba, contactas con algunos de los centros que los imparten y te quedas con el que más te convence. La persona que te atiende te garantiza un magnífico campus virtual, un tutor disponible para cualquier duda, exámenes, proyectos finales, un convenio de prácticas y hasta un título acreditado por una universidad española, además de trabajo asegurado al acabarlo. Ilusionado con tu hallazgo, firmas el contrato y pagas la inscripción y el primer plazo, pero entonces… Entonces algo empieza a olerte mal.

Al comenzar a estudiar, te das cuenta de que el material proporcionado está anticuado y mal redactado, cuenta con diversas incorrecciones y erratas y a duras penas se corresponde con lo que el curso ofrecía. Además, el tutor tarda días en responder tus consultas y muchas veces se limita a remitirte al temario. En cuanto al campus virtual, su contenido se resume en poco más que unos cuantos vídeos de apoyo sacados de internet. Como la formación no se ajusta en nada a lo prometido, decides darte de baja y buscar otra cosa. Pero llamas al centro y su única respuesta es que el contrato ya está firmado, por lo que la rescisión es inviable y, por tanto, debes seguir abonando las cuotas mensuales de un curso cuyo precio puede superar los 2.000 euros. En ese momento, el mundo se te cae encima.

Miles de personas, según las fuentes consultadas para este reportaje, resultan víctimas de este tipo de prácticas todos los años en España. Jóvenes, en su gran mayoría, pero también gente de más edad que contrata una formación online seducida por las «falsas promesas» (siempre según ellos) de un comercial y que, al comenzarla, descubren que han sido vilmente engañados. Pero, para cuando se dan cuenta de la trampa, ya es tarde y se ven atrapados por las condiciones legales que aceptaron al formalizar la compra. A partir de ahí, comienza para ellos un largo y tortuoso camino en el que se abren tres rumbos posibles: renunciar al pago de la formación y bloquear los cobros bancarios del centro, pagar e iniciar trámites legales contra la empresa para recuperar el dinero o resignarse y completar el curso a pesar de todo.

De las tres opciones, Alberto Mondragón, administrador del foro DenuncioEstafa.com, señala la de denunciar pero seguir pagando como la más sensata y prudente en un sentido jurídico. La razón, aduce, es que de lo contrario se incurre en un incumplimiento contractual por parte del contratante, lo que puede acarrear acciones judiciales de la empresa para asegurarse el cobro. Por otro lado, advierte de que, aunque la decisión de finalizar el curso es legítima, su validez y reconocimiento en el mercado laboral es prácticamente nula, ya que se trata de formación no reglada por el Ministerio de Educación. Mondragón, que lleva años proporcionando consejo y apoyo legal a afectados por supuestas estafas, cifra en cerca de tres millones las personas que, de una u otra forma, han sido «engañadas» por estas empresas en España desde que a principios de los 2000 empezaran a operar las primeras por internet.

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