A escasas semanas de cumplirse el aniversario del Real Decreto 6/2019, tanto las empresas como las administraciones públicas han incumplido la obligación de elaborar Planes de Igualdad de oportunidades para sus plantillas.

La aprobación de la Ley de Igualdad en el año 2007, evidenció la desigual posición que mujeres y hombres ocupan en todos los ámbitos de la sociedad. Gracias a ella se hicieron visible situaciones que, hasta ese momento, eran negadas por las organizaciones empresariales como la brecha salarial asociada al género, la invisible barrera que impedía a las mujeres el ascenso en la jerarquía de las organizaciones, el desigual reparto de los cuidados y la perpetuación de las mujeres en este rol tradicionalmente asignado al género femenino.

A partir de ese momento, solo algunas organizaciones empresariales y Administraciones Públicas iniciaron la tarea de corregir los déficits de sus plantillas para equiparar sus condiciones laborales. Este escaso compromiso con el trato igualitario en el ámbito laboral, llevó al Gobierno de la nación a aprobar con carácter de urgencia el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, con un elenco de medidas de carácter urgente para garantizar de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Este Real Decreto Ley obliga a las empresas y, por ende a las Administraciones, a negociar Planes de Igualdad en las empresas, estableciendo para ello un periodo de transición para que, en función del número de empleados y empleadas, pudieran iniciar este proceso de negociación colectiva. Se estableció un año para las organizaciones de entre 150 y 250 trabajadores/as, dos años a las que van de 100 a 150 trabajadores/as y tres años para las de más de 50 empleados y empleadas.

Esta obligación se complementa con medidas tales como la obligación de registrar en el Registro de Acuerdos Colectivos los Planes de Igualdad Negociados, además de contemplar medidas sancionadoras ante la Inspección de Trabajo en caso de incumplimiento.

Es decir, existe la conciencia de que en el ámbito laboral se reproducen las desigualdades de la sociedad patriarcal, que tiene como consecuencia que las mujeres trabajadoras, incluso las empeladas públicas, finalmente formen parte del precariado.

A escasas semanas de cumplirse un año desde la entrada en vigor del Real Decreto y de que finalice el plazo para que cerca de 4000 organizaciones tengan firmados sus Planes de Igualdad, la realidad es que ni las administraciones, ni las empresas han hecho sus deberes.

Es urgente que se dé cumplimiento a la norma, porque las mujeres trabajadoras no pueden seguir siendo las perdedoras de un sistema económico que las relega a trabajos precarios, mal pagados, a la renuncia personal y profesional; No es admisible que se deposite en las mujeres trabajadoras la responsabilidad de mantener la natalidad de una sociedad, que ni asume sus obligaciones de proveer de servicios públicos, ni tampoco está por la labor de mejorar sus condiciones de vida.

 

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