UGT demanda en mesa sectorial más inversión en recursos para garantizar la inclusión educativa
En la mesa sectorial celebrada ayer 8 de marzo, ante la modificación del Decreto 82/2022 (currículum de ESO), el sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos mostró su disconformidad con las modificaciones propuestas en materia de inclusión. Sin duda, garantizar la inclusión educativa es un reto fundamental en el actual sistema educativo, y da la sensación de que, aunque la teoría en la normativa parece adecuada, la aplicación práctica dista de ser satisfactoria, para la comunidad educativa, teniendo en cuenta lo que se nos transmite desde los centros, así como las quejas y demandas de las familias de las que son conscientes tanto la Consejería como las Delegaciones Provinciales.
En la modificación de este Decreto se han realizado modificaciones de manera que, si se atiende solo a su lectura, parecen dejarle el peso de las medidas de inclusión a los centros. Así, por ejemplo, se pueden leer cosas como como :
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- “Teniendo en cuenta los principios de educación común y de atención a la diversidad a los que se refiere el artículo 5.3, los centros educativos adoptarán las medidas de inclusión educativa necesarias, según los términos establecidos por la consejería competente en materia de educación, para ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, el acceso, la permanencia, la promoción y la titulación en igualdad de oportunidades, partiendo de sus circunstancias, sus motivaciones y sus diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.”
- “Estas medidas de inclusión educativa, que deberán ponerse en práctica en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, serán establecidas en función del alumnado de cada centro y de los recursos de que disponga.”
Además, desaparece de la redacción de uno de los artículos la frase «la consejería competente en materia de educación promoverá como medidas de inclusión todas aquellas actuaciones necesarias que permitan ofrecer una educación común de calidad”.
Entendemos que, de igual modo que el Decreto recoge aspectos importantes de la LOMLOE (alguna cuestión incluso se ha añadido de forma literal), recordamos a la Consejería que, aunque no se hayan añadido en esta modificación del Decreto, La Ley de Educación deja clara la responsabilidad de la administración en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, especificando que:
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- “Corresponde a las Administraciones educativas dotará los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado.”
- “Para atender adecuadamente a la escolarización de este alumnado (ACNEEs), la relación numérica entre profesorado y alumnado podrá ser inferior a la establecida con carácter general”
- “La administración dispondrá del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este alumnado.”
- “Se adaptarán las condiciones de realización de las pruebas establecidas para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran, y se proporcionarán los recursos y apoyos complementarios necesarios y las atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos de algún tipo durante el curso escolar.”
Es decir, la atención a estos alumnos no es cuestión exclusiva de los centros ni las medidas deben ser establecidas en función únicamente de los recursos de los que disponga el centro, sino que la administración debe dotar de recursos materiales y humanos a los centros.
Con respecto a la ratio, actualmente, solo se reduce un puesto por la existencia de uno o varios ACNEEs en el aula, algo a todas luces totalmente insuficiente. Desde UGT, a diferencia de lo que reclaman otras organizaciones (que cada ACNEE reduzca la ratio en un puesto, o dos,…), solicitamos que la reducción, además de tener un mínimo garantizado, sea proporcional a las necesidades de atención de estos alumnos, que no se pueden cuantificar numéricamente para todos igual, dado que las necesidades y la atención que necesitan pueden ser muy distintas, y una reducción de 1 o 2 puestos puede ser también insuficiente en según qué casos.
Desde UGT Servicios Públicos insistimos en que si se quiere apostar por la inclusión, hay que invertir en los recursos materiales y humanos necesarios, pues la escasez de recursos, además de suponer peores condiciones para el ejercicio de la función docente, supone una atención mucho más limitada a todo el alumnado, que afecta no solo al alumnado con necesidades, y por tanto, un empeoramiento de la calidad del sistema educativo.
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