Imagen de un niño y una mano acusadora

Entre 2015 y 2018 la proporción de niños y niñas extranjeros aumentó en un 271%, pasando de 30.625 a 113.585. Esta última ola migratoria, más masiva y diversa que las anteriores, trajo consigo nuevos desafíos para la sociedad y las instituciones, quienes las reciben y las hacen parte de su comunidad. El subdirector de investigación y desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la PUC, Pablo Carvacho, lideró el Estudio exploratorio de caracterización de niños, niñas y adolescentes migrantes de América Latina y el Caribe y sus familias en Chile, publicado en septiembre en conjunto con World Vision y Unicef, en el que desarrollan distintas temáticas relacionadas con la situación de los niños de la migración en Chile, dentro de las que destaca la educación.

“Las escuelas no están preparadas para acoger a los niños que migran a Chile”, asegura el investigador, en relación a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que deberían tener acceso a la educación. Según explica, esto se debe en parte a que esta ola migratoria, además de ser masiva, es bastante particular: “Hay una diversidad cada vez más amplia no solo idiomática, sino que hay niños afro descendientes, niños que vienen de largos trayectos, con una salud deteriorada o ciertos traumas. Los niños que entran a las escuelas en Chile no son simplemente niños que hay que acoger, son niños que traen una historia y un peso que implica que debiese haber una política de integración específica y desarrollada, pero que no existe”.

Si bien existe una Política Nacional de Estudiantes Extranjeros para garantizar el derecho a la educación de estos niños y niñas, está demostrado que en la práctica son los directores y funcionarios de los establecimientos los que terminan decidiendo sobre la inclusión o no, que por lo general se termina concretando pero luego de varias trabas.

Estas dificultades tienen una variable socioeconómica importante, que está estrechamente relacionada con el status migratorio de cada menor. “Muchas de las personas que presentan más barreras de entrada están asociadas a un grupo de la población migrante que tiene peores niveles educacionales”, asegura Carvacho y explica: “Esto incide en la facilidad a la hora de hacer trámites, de hacerse entender, y es por eso que los bolivianos y haitianos tienen peores tasas en ese sentido, porque la educación que traen termina afectando su acceso a la escolaridad”.

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