El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT exige a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 28 de abril un compromiso real para que la Educación esté en el centro de la acción política y se convierta de verdad en una prioridad de Estado. El Gobierno que salga de las urnas debe elaborar una nueva ley que, basada en acuerdos amplios, tenga vocación de estabilidad y equilibrio y dé respuesta a los verdaderos problemas del profesorado y su alumnado.

Esa nueva ley debe garantizar el derecho a la Educación, potenciar la escuela pública y garantizar el equilibrio en la admisión de alumnos con criterios claros que garanticen la igualdad de oportunidades y de acceso. Además, debe contemplar la implantación generalizada del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) con carácter educativo y gratuito mediante una oferta pública suficiente; una educación obligatoria con mayor flexibilidad, y una educación en valores para todos mediante una asignatura específica. Asimismo, FeSP-UGT reclama centros inclusivos y coeducativos, y medidas que refuercen la equidad y la compensación de las posibles desigualdades existentes entre el alumnado.

Para avanzar hacia ello, es fundamental que los partidos políticos se esfuercen por lograr un acuerdo de mínimos que dé estabilidad al sistema educativo, así como el respeto tanto entre Administraciones educativas como a la diversidad cultural del Estado. También es necesario que se recupere una Comisión en el seno de la Conferencia Sectorial en la que, con participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la enseñanza privada concertada, se puedan estudiar los módulos de conciertos y valorar el coste total de la impartición de la enseñanza en condiciones de gratuidad.

De forma complementaria, resulta imprescindible que la inversión en educación esté por encima de la alternancia política y de las discusiones de los Presupuestos Generales del Estado, así como que se establezcan medidas para mejorar las condiciones sociolaborales del profesorado y potenciar el desarrollo de su carrera profesional.

En este sentido, el Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclama que el gasto público educativo alcance el 7% del PIB. Cabe recordar el progresivo retroceso que está experimentando en los últimos años: en 2018 se situaba en el 3,81%, para 2019 se calcula un 3,73% y para 2020 seguirá reduciéndose hasta el 3,67%. Por otro lado, la diferencia entre los presupuestos en Educación entre 2011 y 2018 supone un recorte de al menos 243,43 millones de euros.

El nuevo Gobierno debe dirigir sus esfuerzos a la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado y al desarrollo de medidas que contribuyan a su motivación y reconocimiento social. Aunque el incremento del 2,25% en las retribuciones de los funcionarios aprobado por el Gobierno socialista constituye un ligero alivio, es insuficiente para restituir el poder adquisitivo perdido, que en el caso de los docentes no universitarios se sitúa en torno al 25% desde el año 2010.

La negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, en donde deben regularse cuestiones como el ingreso a la profesión, una adecuada carrera profesional o el mantenimiento de la jubilación voluntaria anticipada a partir de los 60 años, ha de ser también algo prioritario.

Al preocupante envejecimiento del profesorado –casi un 30% tiene más de 50 años- se une también el hecho de que el 25% del colectivo es interino. Por ello, además de la eliminación de la tasa de reposición, FeSP-UGT demanda un sistema transitorio de ingreso en la función pública docente, que valore más la fase de concurso, y dentro de esta la experiencia docente. Según nuestros cálculos, el número de plazas que deberían ofertarse para poder alcanzar la cifra del 8% de interinidad en 2022 debería situarse en 167.051, de las que 78.290 deberían ser para reposición y 88.761 para estabilización.

Respecto a la Universidad pública, reclamamos un Pacto de Estado que defienda el carácter de la educación superior como un bien público, estableciendo un modelo basado en el conocimiento, investigación y transferencia. Además de la mejora de la financiación para desarrollar en las mejores condiciones la labor docente e investigadora, reclamamos un estatuto del PDI que desarrolle la carrera profesional de los docentes e investigadores.

Las elecciones generales del 28 de abril suponen una oportunidad única para poder desarrollar políticas que permitan rectificar los recortes y los errores cometidos en el ámbito educativo durante los años de una crisis económica que, para los docentes, todavía persiste.