UGT Servicios Públicos rechaza y muestra su preocupación por las medidas que está adoptando y pretende adoptar la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en relación a los Centros de Educación de Personas Adultas de Castilla-La Mancha. Considera especialmente perjudicial la reducción de las enseñanzas no formales -como por ejemplo las de idiomas-; las limitaciones que se barajan en cuanto a la admisión (plazos, forma de presentación de solicitudes, número máximo de repeticiones..); así como la propuesta de modificación de la Enseñanza Secundaria a distancia, al pretender incluir con carácter obligatorio la grabación de sesiones lectivas, sin una clara regulación y sin tener en cuenta las características del alumnado.

El sindicato advierte de que los equipos directivos de estos centros comparten este mismo malestar. De hecho, según una encuesta realizada por UGT, el 86% de estos equipos está en contra de la remodelación planteada por la Junta de Comunidades por considerar que supondrá un deterioro del servicio. Es más, “ningún claustro se muestra favorable a estos cambios y la gran mayoría considera que disminuirá el número de grupos en sus centros (74%); que se reducirá el profesorado (89%); que cerrarán aulas de Educación de Personas Adultas (81%); que aumentará la carga de trabajo del personal docente (65%); y que la calidad del servicio disminuirá (82%)”.

El responsable de Enseñanza de UGT Servicios Púbicos Castilla-La Mancha, José Antonio Montero, detallaba que el 90% piensa que se va a recortar la inversión en este tipo de enseñanza. A este respecto recuerda que dicha inversión solo representa un 0,28% de los Presupuestos Regionales y que, este porcentaje, ya ha originado importantes carencias en los centros y aulas: uso de instalaciones inapropiadas o que no cumplían las condiciones exigibles de seguridad, carga horaria muy limitada en algunas materias (como el inglés de la Secundaria) o la asunción de funciones que no corresponden por parte del personal docente.

“Todos los cambios implantados en los últimos tiempos, así como las reformas que se plantean a futuro, conducen o parecen conducir inexorablemente -según constatamos nosotros y nos trasladan los centros- a una reducción de enseñanzas, de grupos, de alumnado y de profesorado; incluso no descartamos el cierre de Aulas de Educación de Adultos, lo que supondrá un claro empeoramiento del servicio”.

UGT Servicios Públicos reclama a la Consejería que no se centre únicamente en las enseñanzas conducentes a certificación o centradas en la empleabilidad -que además podrían mejorarse con otras propuestas distintas a las planteadas por la administración-, sino que también potencie el papel que deben tener las enseñanzas no formales, dirigidas a personas de cualquier edad para satisfacer objetivos educativos en diversos ámbitos de la vida social.

Defiende que la adecuación de las enseñanzas debe tener en cuenta todos los contextos para no agravar los problemas de acceso a la educación en zonas rurales, garantizando especialmente el acceso de la población adulta en riesgo de exclusión, así como de aquellas personas con habilidades digitales reducidas o nulas.

“La Educación de Personas Adultas debe ser un servicio público esencial y protegido en nuestra región, caracterizada por una población en aumento, cada vez más envejecida, y donde se estima que hasta un 45% de las personas adultas carece de formación del nivel de la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria”, concluía Montero.

 

 

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