UGT exige al Ministerio que el anteproyecto de ley de ratios y jornada lectiva garantice mejoras reales, urgentes y con financiación suficiente
El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha participado, junto con el resto de las organizaciones sindicales, en la cuarta reunión del grupo de trabajo sobre las condiciones del desempeño docente, convocada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
En la anterior reunión, celebrada el día 9 de octubre, el Ministerio presentó el borrador del Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.
Tras el análisis del texto, UGT valora positivamente que el Ministerio haya recogido parte de las reivindicaciones históricas del sindicato en materia de reducción de ratios y jornada lectiva, pero considera que el anteproyecto se queda corto y necesita más ambición, urgencia y compromiso real con la mejora de las condiciones laborales del profesorado y con la calidad del sistema educativo.
El sindicato coincide con el Ministerio en que reducir el número de alumnos por aula y mejorar la jornada lectiva son medidas esenciales para garantizar una educación más inclusiva, equitativa y de calidad, y celebra que se reconozca la necesidad de reforzar los centros con mayor complejidad social o educativa.
Sin embargo, UGT advierte que el texto no aborda de manera suficiente el refuerzo de las plantillas docentes y de apoyo, ni los incentivos profesionales y económicos que el profesorado necesita para afrontar las crecientes exigencias del sistema educativo. Además, considera que el calendario de aplicación —hasta el curso 2031/2032— es excesivamente dilatado, lo que retrasa de forma injustificada la puesta en marcha de medidas urgentes que el sistema necesita de inmediato.
UGT reivindica, entre otras, las siguientes medidas que el anteproyecto de Ley presentado por el Ministerio debería recoger:
- Jornada lectiva: UGT rechaza que se mantenga la posibilidad de ampliar excepcionalmente las horas lectivas en Secundaria hasta 20 horas semanales y exige que no se supere en ningún caso el máximo de 18 horas, para garantizar una mejora real de las condiciones laborales.
- Ratios más ambiciosas: Frente a la propuesta ministerial de 22 alumnos en Primaria y 25 en Secundaria, UGT propone avanzar progresivamente hacia ratios máximas de 15 en Infantil y Primaria, 20 en Secundaria y 25 en Bachillerato, además de limitar a 2 el número de alumnos con NEE y a 5 los de apoyo educativo específico por grupo.
- Atención a la diversidad: El sindicato reclama que el texto amplíe su alcance no solo al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), sino también a todo el alumnado con necesidad de apoyo educativo diferente a la ordinaria (ACNEAE), en coherencia con la LOMLOE.
- Recursos humanos y nuevos perfiles: UGT exige un refuerzo sustancial de las plantillas docentes y de apoyo, la incorporación de orientadores, educadores sociales, personal administrativo y de bienestar emocional, y la reducción de la carga lectiva de las funciones de orientación, coordinación y bienestar.
- Codocencia y desdobles: El sindicato propone incluir expresamente medidas organizativas como la codocencia y los desdobles para mejorar la atención en aulas con alta diversidad y optimizar los recursos humanos.
- Calendario de implantación: UGT pide adelantar la plena aplicación de reducción de ratios al curso 2030/2031, en consonancia con los compromisos de la Agenda 2030 y el ODS4 sobre educación de calidad.
En conclusión, el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, considera imprescindible que el texto final del anteproyecto garantice avances reales y urgentes, con recursos humanos suficientes, financiación adecuada y un calendario más corto, para que las medidas tengan efectos inmediatos en las aulas y en las condiciones laborales del profesorado.
Finalmente, el sindicato reitera su disposición al diálogo, pero reclama la urgente necesidad de la convocatoria de una mesa de negociación con las organizaciones sindicales, e insiste en que no se puede seguir demorando una reforma imprescindible para asegurar una educación pública de calidad, equitativa y sostenible, que reconozca y dignifique la labor del profesorado.
