Diferentes investigaciones publicadas recientemente han concluido que la incidencia de la COVID-19 ha dependido en buena medida de factores económicos y sociales en los que se encontraba la población. Señalando que las desigualdades sociales tienen consecuencias importantes para la salud, tanto para afrontar la enfermedad y su superación, así como para asumir las medidas diseñadas para afrontarla.

Las políticas macroeconómicas y sociales, tanto comunitarias como gubernamentales, así como el empleo, nivel de estudios, la renta, el sexo, la edad, la situación administrativa o las condiciones de habitabilidad de las viviendas han sido determinantes para garantizar la salud y el conjunto de las condiciones de vida durante los dos últimos años.

Dichos elementos, que se han hecho muy visibles en este tiempo, no son nuevos, la Organización Mundial de Salud (OMS) sostiene desde hace décadas que las condiciones sociales influyen fuertemente en la posibilidad de tener una buena salud. De hecho en 2008, la OMS definió los determinantes sociales de la salud como:

«las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana».           

Dentro de los determinantes sociales de la salud se incluye a las políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales, así como los sistemas políticos y cómo todo ello afecta a las personas según sexo, origen, raza, situación administrativa o residencia en el derecho a la salud.

Los estudios establecen que los determinantes económicos se manifiestan en las posibilidades de acceso a bienes y servicios que condicionan el bienestar y la salud ya que se relacionan con alimentación, el acceso a la educación, vivienda digna, la atención socio-sanitaria y las condiciones del empleo.

Este enfoque es de vital interés para reflexionar sobre el ejercicio del derecho a la educación. Nos permite comenzar a preguntarnos sobre la importancia de que tiene en nuestra educación los recursos económicos de los que se disponen en la familia, las condiciones laborales de las personas de nuestro entorno, la influencia de habitabilidad de las casas en las que vivimos o si los trámites burocráticos asociados a la situación administrativa pueden tener o no efectos en la trayectoria educativa.

Nos es novedad, que los factores económicos, sociales y culturales afectan al acceso, permanencia y logros en sistema educativo de chicas y chicos.

Expertos sobre el derecho a la educación, llevan décadas hablando sobre la necesidad de mirar más allá del aula, del centro educativo, la prioridad de poner el foco sobre la comunidad educativa para también trabajar con y sobre la situación de las familias. Las condiciones materiales de los hogares, las habilidades y competencias de quienes acompañan el proceso formativo de niñas, niños y jóvenes en sus casas resulta determinante en la trayectoria educativa y posterior entrada al mercado laboral.

Teniendo presente algunos datos, sabemos que según el estudio Brecha entre ricos y pobres del Observatorio Social de la Caixa, de 2021, vivimos en una sociedad cada vez más desigual, donde aumenta la distancia entre ricos y pobres y entre quienes pueden tener las condiciones para mantener una buena salud física y mental y quiénes no, entre otras cuestiones. Así mismo, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (AROPE) ha elaborado el informe ‘El Mapa de la Pobreza Severa en España. El Paisaje del Abandono’, que analiza la situación de extrema pobreza y destaca que el 14,1% de las niñas, niños y adolescentes de 17 años o menos vive en situación de pobreza severa.

La crisis sanitaria ha teniendo especiales consecuencias para la infancia. Tanto la saturación del sistema sanitario, el confinamiento estricto, los problemas económicos como el cierre de centros escolares han tenido un impacto directo sobre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, con consecuencias sobre el ejercicio de su derecho a la educación presente como sobre sus oportunidades de futuro.

Diferentes organizaciones sociales han publicado informes sobre las consecuencias de la pandemia para las y los más pequeños: aumento de la pobreza infantil, problemas de salud física y mental, aumento de las desigualdades, tanto económicas como educativas, entre otras cuestiones. Enfatizando que la infancia en mayor situación de vulnerabilidad, aquella con menos recursos, es la que está sufriendo estas consecuencias de manera más acentuada.

UNICEF, así como otras organizaciones y entidades sociales, hablan claramente sobre como el lugar de nacimiento de un niño o niña le condiciona cada vez más, su familia, el nivel socioeconómico de los progenitores, servicios y prestaciones de la zona de residencia, etc; De hecho se plantea el fenómeno “transmisión intergeneracional de la pobreza” que hace referencia a que las circunstancias económicas, sociales o educativas de las familias se transmiten y son determinantes entre los miembros del hogar.

La creciente desigualdad en España no es un fenómeno que se manifieste solamente en diferencias de renta y riqueza entre familias, sino que va acompañada de una falta de igualdad de oportunidades y de acceso a la educación, el empleo, la sanidad, la vivienda, la energía o la tecnología.

Eurostat facilita datos que permiten observar que la movilidad ascendente se ha visto dañada en la última década, concretamente pasando del 41,3% de las transiciones en el 2007 al 29,5% en 2018, un 11,8% se han reducido las oportunidades que garantizan la igualdad.

Profundizando un poco más en esos determinantes sociales del derecho a la educación es necesario parar y reflexionar como influyen también cuestiones como origen étnico y cultural o la situación administrativa.

En ese sentido, en el estudio Indicadores sobre la integración de inmigrantes, publicado por la OCDE en 2018, al analizar los datos sobre la tasa de pobreza relativa infantil señalaba que 2 de cada 3 niños, un 63,7%, en hogares inmigrantes en España afrontaban esta realidad, frente a un 24,3% en los hogares con integrantes nacionales. Casi cuarenta puntos, 39,5, de diferencia entre personas migrantes y autóctonas.

Las investigaciones sociales advierten que las personas migrantes tienen una mayor exposición a la exclusión, y se ha apuntado como cuestión fundamental la situación de mayor vulnerabilidad económica. Dicha población en España accede y ocupa un tipo de empleo en condiciones de mayor precariedad en el mercado laboral. También es importante señalar que cuenta con menos redes familiares que la población autóctona, y dichas redes juegan un papel fundamental para garantizar condiciones de vida o son un colchón ante las situaciones de precariedad.

La ocupación que tiene la población inmigrante en el mercado laboral no es casual, diferentes fuentes han explicado  que las y los trabajadores extranjeros tienen una mayor presencia en la economía informal, tenían más peso en los contratos temporales, sus condiciones laborales, incluida la remuneración, eran peores, además de tener menor antigüedad laboral y una mayor exposición a los sectores más afectados: servicios, turismo, transporte. En relación empleo y teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, según el informe, de Oxfan Intermón, creció cinco puntos el desempleo de las personas trabajadoras migrantes durante el año 2020, hasta el 25,65. Un impacto diferencial con respecto al desempleo la población autóctona que se explica en buena medida por la mayor vulnerabilidad de la población extranjera en el mercado laboral.

Además, las y los expertos en inmigración señalan que la pérdida de empleo tiene mayores consecuencias, ya que además de una mayor exposición a la pérdida en sí, otra implicación es que es frecuente que la población extranjera –especialmente la extracomunitaria–, disponga de muy pocos ahorros para amortiguar los períodos de crisis, los imprevistos y como ya hemos mencionado se cuenta con menos redes familiares de apoyo.

Todo ello a pesar de que durante la pandemia también se ha puesto en evidencia la importancia de muchas actividades desempeñadas de forma mayoritaria por las y los trabajadores de origen migrante, especialmente en el sector agrícola, el sociosanitario y de los cuidados.

Además de las consecuencias comentadas, hay que añadir que las personas inmigrantes tienen toda una serie trámites relacionados con la gestión en extranjería que se ha visto obstaculizada durante la pandemia tal y como llama a observar el artículo de Ramón Mahía, Los efectos del COVID-19 sobre la inmigración en España. Economía, trabajo y condiciones de vida, donde se describe cómo la población extranjera se ha visto seriamente impactada por la parálisis de la administración durante ese tiempo.

La normativa de extranjería impone a las personas inmigrantes toda una serie de trámites para el desarrollo de su vida en el territorio y dichas gestiones se han complicado entre otras razones, desde por trabas para realizar trámites de forma presencial; dificultades en el acceso telemático o mal funcionamiento y/o colapso de algunos servicios de atención al usuario; retrasos en las citas a las oficinas de extranjería, en la gestión de informes de arraigo, adecuación de la vivienda e integración por parte de las administraciones locales; cierre de los registros en modalidad presencial; impedimentos en el acceso a los trámites relativos a la Seguridad Social, etc. Todo ello ha supuesto en la práctica una a carrera de obstáculos que se debe tener en cuenta a la hora analizar el derecho a la educación y que implica un deterioro de las herramientas que garantizan la igualdad de oportunidades.

Es necesario repensar el modelo social, económico y de redistribución, así como urge reconocer la diversidad en nuestra sociedad de modo que se eliminen estereotipos que fomentan la existencia del racismo.

A la hora de pensar el derecho a la educación es fundamental hablar de los determinantes sociales del derecho a la educación. Es imprescindible conocer y proponer sobre políticas y acciones que pretendan dar solución y cerrar las brechas en múltiples dimensiones teniendo presente los elementos estructurales que condicionan la garantía de las oportunidades. Se debe tener en cuenta el diseño de las políticas públicas y programas a impulsar las características socio-económicas, culturales, étnicas, de sexo, diferentes capacidades. Se debe mirar más allá para crear la comunidad educativa que permita lograr la recuperación y bienestar de todas y todos.

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