Las organizaciones sindicales representativas de la enseñanza concertada —FSIE, USO, UGT Servicios Públicos y CCOO— han mantenido hoy una reunión con el secretario de Estado de Educación, solicitada formalmente el pasado mes de julio, en la que han trasladado el profundo malestar del sector ante la falta de avances en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado y personal de los centros sostenidos con fondos públicos.

Durante el encuentro, las organizaciones sindicales han denunciado el retraso en la convocatoria, así como la falta de diálogo del Ministerio de Educación con los representantes de la enseñanza concertada, especialmente tras los recientes anuncios públicos del Gobierno sobre reducción de ratios y horas lectivas que, de no aplicarse también en la concertada, supondrían una nueva discriminación hacia sus profesionales.

Los sindicatos han recordado que el profesorado de la enseñanza concertada forma parte de la prestación del servicio público de educación, imparte el mismo currículo y atiende a la misma diversidad del alumnado, por lo que es imprescindible garantizar las mismas condiciones laborales, recursos materiales y reconocimiento institucional que en la red pública.

En este sentido, las organizaciones han exigido la reactivación de los grupos de trabajo para el estudio del puesto escolar y la mejora de las condiciones laborales. La ausencia de estas reuniones de trabajo bloquea el avance hacia una planificación equitativa del sistema y perpetúa una desigualdad que contradice los principios de equidad y cohesión educativa que proclama la propia ley.

Como resultado de la reunión, el secretario de Estado de Educación se ha comprometido a convocar a través del subsecretario competente próximamente los grupos de trabajo, garantizando la presencia de las organizaciones sindicales del sector de la enseñanza concertada. Este compromiso supone un primer paso positivo hacia el restablecimiento del diálogo institucional y el reconocimiento de la enseñanza concertada como parte integrante del sistema público educativo.

Las organizaciones firmantes valoran este compromiso, aunque insisten en la necesidad de que se concrete en fechas y contenidos concretos, y reiteran su disposición a participar activamente en la definición de políticas educativas que aseguren la igualdad de condiciones y oportunidades para todos los trabajadores, con independencia de la red en la que preste servicio.

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