El Gobierno en funciones ha informado a las Comunidades Autónomas de que aplaza la implantación de la nueva prueba de acceso a la universidad. El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, trasladaron también esta decisión al presidente y la secretaria general de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional presentó el borrador de Real Decreto que regularía la prueba de acceso a la universidad; un modelo de implantación gradual que comenzaría a aplicarse en el curso 2023-2024 y que ahora se retrasará hasta la aprobación del Real Decreto por parte del nuevo Ejecutivo.

Esta decisión se debe a que la aprobación de la norma excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las Administraciones autonómicas. Además, atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias.

UGT entiende que esta decisión es razonable, y también considera que urge un acuerdo para que la prueba se adecúe a los objetivos de la Ley educativa.

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