El sindicato ha señalado que el texto propuesto cumple los requisitos fundamentales que ha exigido durante la negociación, como que el coste fuera asumido por las Administraciones y que incluyera a todos los empleados públicos (incluido el personal laboral)

Se garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía, cuando sea precisa; para los trabajadores tiene carácter voluntario, reversible y, en cuanto a la prevención de riesgos laborales, incluye aspectos como el derecho a la desconexión.

El acuerdo se deberá ratificar en  la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada para el lunes 21 de septiembre

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT suscribirá el acuerdo para regular el teletrabajo dentro de las Administraciones Públicas. El sindicato, tras someter el texto a debate y votación por sus órganos internos, considera que la propuesta presentada por el Gobierno, tras negociar en la Mesa General de Negociación en las últimas semanas, recoge los principales requisitos que el sindicato plantea para poder implantar el trabajo en la Función Pública con garantías.

UGT señaló que el acuerdo debía tener un carácter básico y general para evitar desigualdades. En este sentido, la regulación de la modalidad de teletrabajo se hará a través de un nuevo artículo en el Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo un común denominador para todas las Administraciones Públicas y sus empleadas y empleados, que se podrá desarrollar después, previa negociación colectiva, en cada sector y territorio.

UGT exigió en la negociación que varias materias debían quedar garantizadas con carácter básico y general de manera específica, tales como la definición del concepto; el caráter voluntario y reversible; la prevención laboral; la igualdad de trato y no discriminación; el abono de gastos y la formación adecuada, los mismos  derechos individuales y colectivos que en la prestación presencial y su  desarrollo y concreción mediante la negociación colectiva en las mesas sectoriales y territoriales.

El texto, además, regula el teletrabajo de forma estable, permanente y estructural en el funcionamiento normal de las Administraciones, al margen de situaciones coyunturales, como las ocasionada por el Covid-19, y garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía.

El acuerdo, que afectará a los más de dos millones y medio de empleadas y empleados públicos, avanza en cuestiones tan novedosas y vinculantes para todas las administraciones como la transparencia y objetividad en los criterios a seguir para su implantación y desarrollo, el fomento de la desconexión digital, la protección de datos, la confidencialidad y el derecho a la intimidad.