Ampliación de los plazos administrativos afectados por el apagón eléctrico del lunes 28 de abril
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se determina la aplicación de la ampliación de términos y plazos administrativos como consecuencia de la interrupción generalizada del suministro eléctrico acaecida el 28 de abril de 2025.
En concreto, se autoriza a las administraciones públicas a extender el plazo afectado hasta el límite máximo de las 00:00 horas del 6 de mayo de 2025. La medida es de aplicación en todo el sector público, es decir, en la Administración General del Estado, en las administraciones autonómicas, en las entidades locales y en el sector público institucional.
Con esta iniciativa, se pretende garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas interesadas, así como evitar la caducidad indebida de procedimientos administrativos por la crisis energética sufrida el 28 de abril en todo el territorio peninsular.
De esta forma, se asegura que ningún ciudadano quede excluido de procesos selectivos y oposiciones por la expiración de plazos administrativos o que ningún particular ni empresa pierda la oportunidad de presentar una oferta en un procedimiento de contratación pública o en una convocatoria de subvenciones. Asimismo, permite que nadie se vea impedido de interponer un recurso administrativo o de formular alegaciones en procedimientos sancionadores, entre otras casuísticas.
La medida se fundamenta en el artículo 32 de la Ley 39/2015 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que contempla los supuestos en los que una posible incidencia técnica pudiera afectar al cómputo ordinario de los mismos. En concreto, estima que cuando este incidente haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación, y hasta que se solucione el problema, la administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos.
Esta decisión se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas ante la situación provocada por la crisis energética y que buscan corregir aquellos efectos que esta incidencia pudiera provocar en cada ámbito sectorial, incluyendo el funcionamiento de las administraciones públicas por medios electrónicos.
